Fueron casi 19 meses los que la machi Francisca Linconao estuvo en prisión preventiva o con cautelares de reemplazo. Todo comenzó el 30 de marzo de 2016 cuando fue detenida porque la Fiscalía estudiaba su presunta responsabilidad en el caso Luchsinger Mackay. El juicio, que terminó la semana pasada, la absolvió.
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Hasta agosto de este año hubo 2.018 inocentes que atravesaron por una situación similar: estuvieron con cautelares pero quedaron libres al finalizar su proceso. La cifra, entrega por la Defensoría Penal Pública, llega a 2.030 si se les suma a Jaime Anguita, absuelto el pasado 28 de septiembre, y los once procesados por el caso Luchsinger Mackay.
Las cifras apuntan a ser similares a las registradas en años anteriores: en 2016 se registraron 2.854 de esos casos, en 2015 llegaron a 2.650 y en 2014 hubo 2.462.
Todos ellos podrían haber iniciado acciones legales contra el Estado y pedir indeminzaciones, si así lo hubiesen estimado. Quien estuvo a cargo de representar a la machi Linconao, el defensor regional de La Araucanía Renato González Caro explica a Publimetro que existe esa posibilidad si se aduce algún tipo de error judicial. No obstante, para él, esto es difícil de hacer.
“Existen muy pocos casos en que exista una indemnización por tal motivo. Se puede intentar una demanda por falta de atención del Estado respecto de prestaciones o derechos que este debe garantizar. Otra opción es, una vez que se agoten todas las instancias del derechos interno, concurrir a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ambas instancias revisan anualmente muchas denuncias de toda la Región, con recursos muy escasos, de modo que cada causa presentada tiene una demora de entre ocho y nueve años antes de llegar a resolverse», recalca.
¿Cuánto será el monto?
La última información que se conoce, es que en el caso Luchsinger Mackay habrá al menos tres comuneros que presentarán demandas contra el Estado. Representados por la abogada Manuela Royo, serían Sabino Catrilaf Quidel, Hernán Catrilaf Llaupe y Luis Sergio Tralcal Quidel quienes demandarían al Estado por una cifra que, según El Mercurio, podría estar cercana a los mil millones de pesos.
¿Quien define esto? “Es el demandante el que fija el monto y el magistrado, dependiendo de las consideraciones que sean puestas, determinará, primero, si procede esto y, segundo, si es que el monto que se solicita es el correcto, si se requiere más o menos”, detalla el abogado Luis Bobadilla, secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
En cualquier caso, antes de iniciar cualquier proceso, hay que esperar la lectura completa del veredicto, fijada para el 14 de noviembre. Ese día será clave para conocer cómo sigue el caso que, incluso, puede escalar a la Corte de Apelaciones.
