Este jueves la fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó una orden de detención europea contra el destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros (ministros) por no presentarse a la audiencia que fueron citados por sospecha de rebelión y sedición junto a otros miembros del gobierno.
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La fiscalía de la Audiencia Nacional pide específicamente que las órdenes se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde «se encuentran o al menos han viajado» los concernidos, indicó el documento de la fiscalía al que tuvo acceso AFP. La juez debe decidir ahora si acepta la solicitud.
Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas», denunció Puigdemont en un comunicado.
«Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas», denunció Puigdemont en un comunicado.
El dirigente de 54 años aclaró sin embargo que algunos de sus consejeros iban a responder a la convocatoria «como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas».
«No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica», anunció a la televisión pública catalana TV3 el abogado belga Paul Bekaert.
Su antecesor en el cargo, Artur Mas, que acompañó a los encausados hasta los tribunales, dijo que la acción de la justicia española es contraproducente.
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«Si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad hacia la independencia de Cataluña está creciendo en nuestro país, en Cataluña. Y por lo tanto, insisto, ni tribunales ni violencia son la solución», dijo Mas a la prensa.
Críticas al ex presidente de la Generalitat
«La defensa ha pedido un tiempo para preparar de una manera más razonable su estrategia», dijo el abogado Javier Melero, quien respondió «por supuesto» cuando se le preguntó si Puigdemont debería haber acudido.
«Supongo que forma parte de una estrategia judicial», dijo sobre la ausencia de Puigdemont la portavoz de su partido, el PDeCAT, Marta Pascal.
De los 20 encausados, el único no independentista, Joan Josep Nuet, acusó de irresponsabilidad a Puigdemont y expresó su temor de que todos acaban siendo encarcelados por su culpa, como es el caso de dos líderes de organizaciones cívicas independentistas, «los Jordis», Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
«Creo que esta actitud del presidente Puigdemont puede hacer que todas las personas que mañana estén citadas acaben en la prisión preventiva porque, de alguna forma, les está enseñando el camino de que escaparse es posible», dijo Nuet el miércoles a la emisora Catalunya Radio.
«Creo que esta actitud del presidente Puigdemont puede hacer que todas las personas que mañana estén citadas acaben en la prisión preventiva porque, de alguna forma, les está enseñando el camino de que escaparse es posible», dijo Nuet el miércoles a la emisora Catalunya Radio.
Nuet, que es diputado, tiene que declarar como miembro de la mesa del parlamento que permitió la tramitación de la declaración de independencia.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.
Los que si llegaron a tribunales
La Fiscalía pidió prisión incondicional a ocho de los nueve miembros del gobierno catalán destituido que enfrentaron a los tribunales, sin su presidente al frente.
De los 14 miembros del gobierno destituido citados a declarar como sospechosos de rebelión y sedición faltaban 5, incluyendo a Puigdemont, que se fue a Bélgica denunciando la falta de garantías judiciales; en cambio, sí acudieron el vicepresidente Oriol Junqueras, o el ex responsable de Exteriores Raúl Romeva.
De los 9 que sí respondieron a la citación , el fiscal aceptó solamente que uno pueda eludir la cárcel si paga una fianza. La jueza Carmen Lamela tendrá que decidir si atiende la demanda del ministerio público.
El consejero (ministro) que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50 mil euros, sería Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.
A unos cientos de metros, en el Tribunal Supremo, llegaron los seis miembros de la mesa del parlamento catalán citados a declarar, con la presidenta de la cámara a la cabeza, Carme Forcadell.
Los 20 estaban citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Mariano Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
