La justicia española dictó este jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición y rebelión por su papel en la tentativa independentista.
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La medida, último episodio a la fecha en la peor crisis política española de las últimas décadas, desató manifestaciones de apoyo a los independentistas en Cataluña.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, se dispone a dar luz verde a la petición de la fiscalía de dictar una orden de captura contra el presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus ministros, que estarían en Bélgica y desatendieron el llamado de la justicia.
A las 23H00 GMT del jueves, la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional seguía sin haber lanzado la orden pero lo hará el viernes, indicó una fuente judicial en Madrid, rectificando la versión de uno de los abogados del líder independentista.
«Acabo de recibir un mensaje de mi cliente de que efectivamente se emitió (una orden) contra el presidente y otros cuatro ministros que están en Bélgica», dijo su abogado Paul Bekaert. «En términos prácticos, significa que la justicia española presentará la solicitud de extradición a los fiscales federales en Bruselas», agregó.
Lamela actuó el mismo día contra ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que acudieron al alto tribunal en Madrid, enviándolos a prisión provisional sin fianza al considerar en el auto que jugaron «un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado».
Otorgó libertad provisional bajo fianza para un noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.
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En un corto mensaje emitido por la televisión pública catalana, Puigdemont exigió la liberación de los consejeros y del vicepresidente» Junqueras y «el fin de la represión política».
«Ya no es un asunto interno español, la comunidad internacional y especialmente la comunidad europea debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes», afirmó.
«Grave error»
Al grito de «no es justicia, es dictadura» y «vergüenza para Europa», 20.000 personas -según la guardia urbana- se congregaron frente al parlamento en Barcelona, convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las asociaciones implicadas según la justicia en la apuesta independentista.
«Es un grave error del Estado español, tensando la justicia de manera partidista. Esto no hará más que encender las calles», estimó Ramón Jornet, un publicista de 50 años, en referencia a las encarcelaciones de Junqueras y los otros siete miembros del gobierno.
Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga —recordando el viaje a Bélgica de Puigdemont y parte de su gobierno— así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.
«Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta», replicó el abogado de Junqueras y de otros encausados, Andreu Van den Eynde.
La cuenta en Twitter de Junqueras publicó un mensaje en el que pidió: «Haced cada día aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre», fecha de las próximas elecciones regionales.
En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.
Todos citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el viernes pasado, en base a un referéndum de autodeterminación considerado inconstitucional del 1 de octubre, ganado por el sí pero sin contar con garantías.
El gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
El juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
Hacia las elecciones
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Según su abogado, Puigdemont permanecerá en Bélgica, cooperará con las autoridades de ese país y en caso de que la justicia belga acepte una solicitud de extradición española, apelará la decisión.
Aunque los comicios fueron convocados por el gobierno de Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.
Uno de los abogados de miembros del parlamento, Javier Melero, criticó la incomparecencia de Puigdemont: «Por supuesto», respondió al ser preguntado sobre si debió haber acudido.
«Supongo que forma parte de una estrategia judicial», alegó la portavoz del partido de Puigdemont, el PDeCAT, Marta Pascal.
Los encarcelamientos provocaron reacciones de todos los sectores políticos españoles, desde el partido del jefe de gobierno conservador, que dijo respetar la decisión, hasta el de izquierda radical Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias dijo avergonzarse de «que en mi país se encarcele a opositores».
«Es un gravísimo error político que nos aleja de la solución» de la crisis, señaló la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau.
Hasta el FC Barcelona sentó posición en un comunicado: el equipo «lamenta los encarcelamientos […] y expresa su solidaridad con los afectados y sus familias».
