El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, preguntó este martes a los dirigentes de la Unión Europea si continuarán ayudando al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, en el «golpe de Estado» contra su región, bajo tutela de Madrid desde finales de octubre.
PUBLICIDAD
«¿Van a aceptar el resultado de la votación de los catalanes [en los comicios regionales del 21 de diciembre]? ¿O van a continuar ayudando a Rajoy en este golpe de Estado?», dijo Puigdemont en un discurso ante alrededor de 200 alcaldes catalanes que viajaron a Bruselas.
El ex mandatario catalán aseguró, durante la mañana, estar «preparado» para ser extraditado a España y que es consciente de que tanto él como los cuatro ex consejeros de su Ejecutivo huidos a Bélgica pueden «acabar en prisiones españolas».
«En ningún momento hemos eludido ninguna responsabilidad», dijo en una entrevista a la emisora Catalunya Radio desde Bélgica, en la que resaltó que acudieron «voluntariamente ante la justicia belga» tras la euroorden de detención dictada por la Justicia española.
La estrategia de Puigdemont
El 30 de octubre se conoció que Puigdemont y cuatro miembros de su antiguo Gobierno estaban Bélgica, horas después de que el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunciara una querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación.
Según el ex presidente catalán, su estancia en Bélgica responde a una estrategia de «internacionalizar al máximo lo que está pasando» en Cataluña, una causa que -a su juicio- es «de derechos humanos y de democracia» y que «abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España».
«Se trata de poder administrar de la mejor manera posible la defensa de nuestros derechos, no los individuales, sino del Gobierno de Cataluña», consideró Puigdemont, quien entiende que «si disponemos de unos días o unas semanas para poder hacer lo que estamos haciendo, lo debemos de aprovechar».
PUBLICIDAD
El político catalán explicó también que si su gobierno no implementó la declaración de independencia y no hizo efectiva la proclamación de la autodenominada «república catalana» fue debido al temor a que la respuesta del Estado provocara «una oleada durísima de violencia».
El Ejecutivo español, presidido por Mariano Rajoy, decidió aplicar ese artículo constitucional 155, por el que cesó a Puigdemont y a todo su Gobierno, limitó las funciones del Parlamento catalán y convocó elecciones regionales, con el objetivo de frenar el proceso secesionista catalán.
