Un grupo de defensa civil de EE.UU presentó hoy una demanda contra una cárcel en Colorado por detener casi un mes a una mujer que no pudo pagar los 55 dólares para los gastos de corte, tras ser detenida por porte de metanfetaminas.
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La demanda de ACLU precisa que en los últimos tres meses otras 45 personas de escasos recursos del condado El Paso han estado encarceladas y otras seis están ahora en prisión por no pagar esos 55 dólares.
En un caso, el detenido estuvo en la cárcel 119 días, precisó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado.
«Encarcelar a alguien por ser pobre no solamente es cruel, es inconstitucional», indicó Mark Silverstein, directivo ACLU de Colorado.
Jasmine Still, de 26 años, fue detenida en enero pasado por poseer menos de un gramo de metanfetamina y permaneció encarcelada por 27 días pese a que el juez a cargo le otorgó la libertad sin necesidad de pagar fianza.
La demanda presentada por ACLU señala que se trató de un «encarcelamiento ilegal» y argumenta que la detención además significó un gasto de más de 2.400 dólares para el condado El Paso.
El año pasado, el Legislativo local aprobó una ley que prohíbe encarcelar a indigentes o personas de escasos recursos por no pagar multas relacionadas con delitos menores no violentos, excepto que un juez ordene el encarcelamiento.
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En ese sentido, si un juez deja a alguien en libertad, la persona debe quedar libre, aunque no haya pagado la multa correspondiente.
Pero los costos asociados con procedimientos judiciales como gastos de la corte no se consideran multas, por lo que continúan estos encarcelamientos.
«El encarcelamiento antes del juicio puede causar y en realidad causa que personas legalmente inocentes pierdan ingresos, pierdan sus trabajos, pierdan la custodia de sus hijos, pierdan sus viviendas y pierdan sus vehículos», se lamentó ACLU.
Por eso, «no resulta sorprendente que muchos de ellos se declaren culpables solo para salir de la cárcel», agregó.
El mes pasado, ACLU Colorado publicó un reporte indicando que los encarcelamientos por pobreza aún ocurren en unas 200 jurisdicciones de Colorado, por deudas menores de 150 dólares.
Según el Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington DC, la «criminalización de la pobreza» ocurre en todo Estados Unidos.
