La oposición venezolana, representada por la Mesa Unidad Democrática (MUD), anunció este jueves que retomará el proceso de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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El anuncio fue realizado por el presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, diputado Luis Florido, quien enfatizó que no todo diálogo es una negociación y destacó la participación de otros países como garantes del proceso.
Queremos anunciar a Venezuela que estamos listos en la unidad democrática», señaló Florido, donde afirmó que la prioridad es llegar a «una negociación internacional efectiva para llevar soluciones claras a los venezolanos», primeramente en materia electoral.
“Es distinto un proceso de exploración frente a un proceso con 6 países como garantes. Eso garantiza seriedad”, aseguró según consignan medios locales.
Además, adelantó que están a la espera para acordar una fecha con República Dominicana, país que es anfitrión. «Queremos anunciar a Venezuela que estamos listos en la unidad democrática», señaló Florido, donde afirmó que la prioridad es llegar a «una negociación internacional efectiva para llevar soluciones claras a los venezolanos», primeramente en materia electoral.
En ese sentido, sostuvo que aunque la «llave electoral» resuelve la crisis, es necesario abordar también «la emergencia humanitaria» que viven los venezolanos.
Asimismo, insistió en que la liberación de los «presos políticos» y la restitución de funciones del Parlamento -de mayoría opositora y considerado en un supuesto desacato- son temas que se mantendrán en la agenda que ya ha venido presentando el antichavismo en la mesa de diálogo.
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En septiembre pasado, la oposición y el Gobierno de Venezuela exploraron en República Dominicana la posibilidad de retomar un diálogo, pero la oposición decidió no continuar porque, según argumentó, el Gobierno asumió unos compromisos que no cumplió.
Nuevas sanciones
El departamento estadounidense del Tesoro anunció ayer la adopción de nuevas sanciones contra 10 funcionarios, a los que responsabiliza por irregularidades electorales, censura a la prensa y corrupción en la distribución de alimentos.
Este nuevo paquete de sanciones incluye a Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, los ministros Ernesto Villegas Poljak (Cultura), Freddy Bernal (Agricultura Urbana) y Jorge Márquez Monsalve (Despacho Presidencial), y al presidente de CANTV, Manuel Fernández, entre otros.
Entre los sancionados también se encuentran dos miembros del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Carlos Quintero; el actual embajador de Venezuela ante Italia, Julián Rodríguez; el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Hidrobo Amoroso, y el titular de la Misión Transporte, el general Carlos Osorio.
Ley contra el odio
La Constituyente venezolana aprobó este miércoles una ley que castiga los delitos de odio hasta con 20 años de cárcel y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.
El órgano que rige el país con poderes absolutos desde agosto pasado aprobó la Ley contra el Odio, propuesta por el presidente Nicolás Maduro tras protestas para sacarlo del poder que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.
Los partidos políticos que «promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio (…) no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición», indica el texto.
El mandatario justifica la ley asegurando que 29 personas fueron «quemadas vivas por ser chavistas», en el marco de las manifestaciones opositoras.
«Quien incite al odio, la discriminación o la violencia a determinado grupo social o político será sancionado con prisión de 10 a 20 años», establece uno de los 25 artículos aprobados por la Constituyente, integrada únicamente por oficialistas.
Por su parte, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazó el jueves la ley. «Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Esa es una ley que lo que promueve simplemente es la intolerancia en Venezuela», dijo el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.
