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La Presidenta Bachelet prometió que durante su Gobierno impulsaría una reforma a las isapres. Siguiendo el programa, en 2015 la ministra de Salud, Carmen Castillo, anunció que el envío de la iniciativa al Congreso se realizaría en septiembre de aquel año. Posteriormente, se anunciaba que la diligencia se postergaba para el mes de octubre.
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Para fines de 2015 el Gobierno sinceraba que finalmente la enviaría en marzo de 2016. No pasó nada. En mayo de 2016 la ministra apeló a la comprensión de la ciudadanía y prometió que, sí o sí, el proyecto estaría a fines de dicho año. No cumplieron. Finalmente, en julio de 2017 el Gobierno anunció que no enviaría el proyecto.
El sistema de isapres adolece de ciertos vicios. El primero de ellos es el derecho de admisión que ejercen las aseguradoras, pues a todas las personas que desean afiliarse a una de ellas se les exige una declaración de salud. Si los resultados de esta evaluación determinan que el potencial afiliado, o alguna de sus cargas, presentan “pre-existencias”, pueden estimar que no es conveniente asegurar a esa familia, o bien sólo brindar seguro por atenciones y prestaciones médicas no asociadas a estas patologías.
En segundo lugar, las isapres ofrecen planes y fijan tarifas de acuerdo a cada potencial afiliado. No existe un precio único por plan, independiente del contratante, como sucede con las compañías de telefonía, internet y TV. En este sentido, una mujer puede pagar más que un hombre por un mismo plan de salud, o bien un adulto más cercano a los 50 años puede pagar más que un joven de 27.
Y es que un Gobierno debiera promover que no existe discriminación en el acceso y costo de la salud, pues esto constituye un derecho humano fundamental e incide en el nivel de bienestar de un país.
Finalmente, las isapres se reservan el derecho a no renovar planes de salud a personas que envejecen, por considerar que estas son más propensas a requerir prestaciones médicas. Así, a medida que avanza el tiempo muchas personas recaen en Fonasa, aun cuando tienen recursos para un seguro de salud mejor.
Dichas situaciones invitan a replantearse las libertades que poseen las isapres para operar en Chile. Y es que un Gobierno debiera promover que no existe discriminación en el acceso y costo de la salud, pues esto constituye un derecho humano fundamental e incide en el nivel de bienestar de un país. Esta administración quiso impulsar cambios, pero se quedó en las promesas. Es menester nuestro procurar que una próxima administración retome la agenda.
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