«Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile». La tranquilizadora frase contenida en un reporte emitido hoy por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) puede resultar menos plácida si se comprueba el epicentro del fenómeno que le dio origen: un sismo ocurrido 212 km al noreste de Bagdad, en la zona fronteriza entre Irak e Irán.
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El temblor alcanzó magnitud 7,4. El epicentro se situó en territorio iraní, a cientos de kilómetros de la costa más cercana.
Como fuente de la información figura el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ, por sus siglas en alemán). El organismo es líder global en esta área y opera una red internacional de monitoreo de terremotos. La entidad ha realizado numerosos estudios sobre los sismos de gran magnitud ocurridos en Chile.
Los tsunamis que «disparan» usualmente las alertas en Chile son los que se producen en la cuenca del Pacífico, o bien en la zona sur del océano Índico. Es en esa área donde las olas generadas por sismos podrían alcanzar nuestras costas.
Una de las fuentes más respetadas en esta parte del planeta es el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), basado en Ewa Beach, Hawaii, y operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.
Responsabilidad de SHOA y fallo
Tras el terremoto del 27/F, el PTWC emitió una advertencia sobre el riesgo de un tsunami destructivo. Ello no fue considerado en un primer momento por las autoridades chilenas.
El viernes pasado, la Corte Suprema confirmó que el Estado tiene el deber de indemnizar a 74 familiares de víctimas de la tragedia. La suma total asciende a $1.840 millones.
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El máximo tribunal ratificó la existencia de responsabilidad del Estado por falta de servicio. Ello involucra a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y al SHOA.
Ella «se relaciona exclusivamente con la circunstancia de haber omitido el SHOA y la Onemi transmitir la alerta de tsunami, posibilitando que esta fuera recepcionada por la población, cuestión que habría facilitado la autoevacuación», consigna el dictamen.
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