Delegados del gobierno de Maduro y de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, alianza de casi tres decenas de partidos opositores, sesionarán el 1 y 2 de diciembre con la participación del canciller dominicano Miguel Vargas y sus pares del denominado grupo de «países garantes», compuesto por Bolivia, Chile, México, Nicaragua y Paraguay.

Las posibilidades de éxito lucen inciertas, en medio de un clima de desconfianza mutua y la negativa de algunas prominentes líderes opositores a llegar a un acuerdo con el gobierno; pero es evidente que Maduro busca aliviar las sanciones impuestas en agosto por el gobierno de Donald Trump.

Propósitos

El propósito del gobierno socialista venezolano es renegociar la deuda externa, que según el mandatario, se tornó casi imposible de pagar debido al «bloqueo» financiero encabezado por Estados Unidos y para lograr ese cometido quizás no pueda evitar ceder ante algunas demandas, entre ellas, restituirle a la Asamblea Nacional las facultades que le arrebató.

Pienso que las probabilidades de éxito en la negociación se limitan más al sector económico que el político, aunque el gobierno tendrá que hacer algunas concesiones políticas para bajar la tensión económica», acotó León.

El analista y presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, considera que la tempestuosa crisis económica que azota a los venezolanos _signada por una inflación que podría cerrar el año en 1.000% y la severa escasez de alimentos y medicinas_ ejercen sobre Maduro una presión jamás vista en casi dos décadas de gobierno socialista, iniciado por el presidente Hugo Chávez, quien murió en 2013.

«Pienso que las probabilidades de éxito en la negociación se limitan más al sector económico que el político, aunque el gobierno tendrá que hacer algunas concesiones políticas para bajar la tensión económica», acotó León.

Por su parte, la oposición ha dicho que sus principales demandas en el diálogo son la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, un cambio en la composición del Consejo Electoral, la liberación de los encarcelados que consideran son «presos políticos», y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.