La justicia argentina ordenó el desafuero y arresto de la ex mandataria y senadora Cristina Fernández por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en Buenos Aires que causó 85 muertos en 1994.
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Según informó la agencia estatal de noticias Télam, el juez federal Claudio Bonadio tomó esta medida al considerar que la ex mandataria puede entorpecer la causa, abierta por la denuncia de encubrimiento que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto en condiciones que todavía se investigan.
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Nisman aseguraba que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual Amia, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
A Fernández se le acusa de traición a la patria por haber firmado en 2012 un pacto con Irán que buscaba indagar en Teherán u otro país a ex altos funcionarios iraníes acusados del atentado.
«Como sucede regularmente en Argentina la noticia se filtró primero por la prensa y Cristina todavía no ha sido notificada», dijo a la AFP un allegado a la ex mandataria.
La orden incluye además a su ex canciller, Héctor Timerman, y a otros ex funcionarios de su gobierno.
¿Intocable?
Para cumplir con el pedido del juez Fernández, quien asumirá como senadora el 10 de diciembre, deberá primero ser sometida a un proceso de desafuero en el Congreso para lo cual se requiere que el gobierno del presidente Mauricio Macri incluya ese pedido en una convocatoria a sesiones extraordinarias.
Es un gran disparate jurídico. El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición en el Parlamento. Quieren a un Parlamento sumiso», había dicho la senadora a la salida de los tribunales cuando se presentó ante el juez
El pedido deberá ser tratado por la Cámara Alta donde requerirá para ser aprobado el apoyo de dos tercios de los presentes.
A partir del 10 de diciembre la alianza oficialista Cambiemos tendrá 25 bancas (de un total de 72), mientras que el peronismo tendrá 32, pero sólo una decena de éstos responden directamente a Kirchner.
«Es un gran disparate jurídico. El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición en el Parlamento. Quieren a un Parlamento sumiso», había dicho la senadora a la salida de los tribunales cuando se presentó ante el juez.
Este jueves por la mañana también fue arrestado en su casa de Río Gallegos, en la provincia austral de Santa Cruz, el ex secretario de Legal y Técnica de la ex presidenta, Carlos Zannini, mano derecha de Fernández.
El magistrado Bonadío encausó además, sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli y al dirigente social kirchnerista Luis D’Elía, entre otros.