Los abusos de menores en instituciones públicas y religiosas de Australia son una «tragedia nacional», dijo hoy la comisión especial que investigó la pederastia en este país en un informe final con más de 400 recomendaciones.
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«Decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en las instituciones australianas. Nunca sabremos la cifra, pero cualquiera que sea, supone una tragedia nacional perpetrada durante generaciones dentro de nuestras más respetadas instituciones», remarca el documento.
El presidente de la comisión, Peter McClellan, entregó el informe de 17 volúmenes al gobernador general de Australia, Peter Cosgrove, que a su vez los presentará al Gobierno.
La comisión investigó durante cinco años la respuesta a la pederastia en organizaciones públicas y religiosas, incluidas las pertenecientes a la Iglesia católica, con entrevistas a más de 8.000 víctimas de abusos cometidos en más de 4.000 centros desde la década de 1920.
Con más de 6.875 experiencias de supuesto abuso sexual, un 0,7 por ciento de los entrevistados tenían entre 0 y 9 años, mientras que un 64,3 por ciento de las víctimas eran hombres y un 93,8 por ciento fueron abusados por un varón, en la mayoría de los casos un adulto.
Más de la mitad de las víctimas dijeron que tenían entre 10 y 14 años de edad cuando fueron abusados sexualmente por primera vez y el promedio del tiempo que padecieron esas agresiones en una institución fue de 2,2 años, mientras que más del 36 por ciento fueron víctimas de varios pederastas.
La comisión dio a conocer en febrero pasado que la Iglesia católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo por parte de sacerdotes entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.
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El cardenal australiano George Pell, responsable de las finanzas del Vaticano, testificó ante la comisión como testigo, antes de ser acusado él mismo de pederastia ante un tribunal australiano en un proceso que sigue abierto.
En el informe, la comisión pide que la Conferencia de Obispos de Australia solicite al Vaticano que se enmiende la ley canónica para que el celibato no sea obligatorio, se trate el abuso sexual contra menores como un crimen y que el secreto de confesión no se aplique a los casos de pederastia, entre otras recomendaciones.
La comisión reconoció que si bien el celibato obligatorio no es la causa directa del abuso, éste contribuye a que ocurran abusos sexuales de menores cuando se combinan con otros factores de riesgo y pueden desencadenar disfunciones psicosexuales y mentales.
«Para muchos miembros del clero y religiosos, el celibato es una idea inalcanzable que hace que se viva una doble vida y contribuye a una cultura del secreto y la hipocresía y esta cultura parece haber contribuido a que se soslaye la transgresión del celibato y se minimice el abuso sexual como un lapso moral perdonable», remarca el informe.
También recomienda que los ministros de las distintas iglesias sean obligados a reportar la información sobre los casos de abusos sexuales de menores si ésta se obtiene en las confesiones y exámenes previos externos para los candidatos a ocupar estos cargos de liderazgo religioso con acceso a niños.
Otras recomendaciones incluyen la implementación de leyes que penalicen el no proteger a un menor del riesgo de ser abusado sexualmente dentro de una institución, así como de una estrategia nacional para prevenir este tipo de delitos.
El arzobispo católico de Melbourne, Dennis Hart afirmó que elevará las propuestas de la comisión al Vaticano, al tiempo que defendió el secreto de confesión.
«El secreto de confesión, en relación con dios, que se transmite a través del sacerdote y la persona, es inviolable. No puede ser roto y el cardenal secretario de Estado lo mencionó y notificó a los obispos, incluso tan recientemente como el mes pasado», explicó.
Al ser preguntado si alguien confiesa un abuso a un menor, Hart optaría por respetar el secreto a pesar de sentirse «en un terrible conflicto» porque de lo contrario sería sancionado con la excomunión.
Sin embargo, precisó que él no daría la absolución al agresor si éste no se entregara a las autoridades.
Hoy, el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunció que el Gobierno destinará unos 40 millones de dólares (34 millones de euros) para apoyar el acceso a las indemnizaciones y la creación de una fuerza para considerar y coordinar las acciones tras las recomendaciones.
