Las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela, que este viernes celebran su segunda ronda en República Dominicana, abordan una agenda que incluye elecciones presidenciales «transparentes» en 2018 y el fin de lo que el chavismo denuncia como un boicot financiero.
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Aquí los principales puntos de discordia.
Elecciones presidenciales
Previstas para fines de 2018, líderes opositores y analistas creen que podrían ser adelantadas al primer trimestre.
Argumentan que el presidente Nicolás Maduro, quien planea reelegirse, querría aprovechar las fracturas en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y su posición de fuerza tras arrasar en las recientes elecciones de alcaldes y gobernadores.
Los principales partidos opositores se negaron a participar en las votaciones de alcaldes tras denunciar un «fraude» en las de gobernadores, debido a lo cual Maduro amenazó con inhabilitarlos para la presidencial.
La MUD, que acusa a Maduro de tener «secuestrado» al poder electoral, exige «garantías de transparencia».
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El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, asegura que el sistema comicial es «el más seguro del mundo» y que el oficialismo «no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo (…) hasta que se levanten las sanciones» económicas de Estados Unidos.
La oposición, a la que el gobierno culpa de impulsar esas medidas, sostiene que no está en sus manos anularlas.
«Canal humanitario»
La MUD también pide un «canal humanitario» para recibir donaciones de alimentos y medicinas, en severa escasez.
No somos mendigos de nadie», replica Maduro, quien niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria.
«No somos mendigos de nadie», replica Maduro, quien niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria.
El gobierno considera que se trata de una trampa para abrir las puertas a una intervención militar extranjera.
En medio de las protestas contra Maduro que dejaron 125 muertos entre abril y julio, el jefe negociador de la MUD, Julio Borges, pidió apoyo al presidente de Francia, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; la primera ministra británica, Theresa May; y al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.
Presos
«Liberar a todos y cada uno de nuestros presos políticos», demandó Borges tras la primera ronda de conversaciones, el 1 y 2 de diciembre.
Dirigentes emblemáticos como Leopoldo López -bajo arresto domiciliario- están privados de libertad, y otros inhabilitados políticamente, como Henrique Capriles o María Corina Machado. Algunos más, en el exilio.
Según la ONG Foro Penal, unos 300 opositores están encarcelados.
El gobierno niega que en Venezuela haya presos políticos, y justifica las medidas judiciales con acusaciones de conspiración e incitación a la violencia, entre otros.
¿Quién legisla?
Declarado en desacato por la justicia, que considera «nulas» todas sus decisiones, el Parlamento -único poder que controla la oposición- está maniatado.
La MUD demanda que se respete la autonomía del Legislativo y «la voluntad de los 14 millones de venezolanos que lo eligieron» en 2015.
A su vez, Rodríguez aboga por el reconocimiento de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro e integrada exclusivamente por chavistas, que rige como un «suprapoder» desde agosto.
La MUD, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región desconocen a ese órgano, que en la práctica ha sustituido al Parlamento con la aprobación de varias leyes.
Colapso económico
Las sanciones de Washington complican aun más el panorama económico, con una inflación que el FMI proyecta en 2.340% para 2018 y cuatro años de fuerte contracción, a raíz de la caída de los precios y de la producción de crudo.
Estas medidas prohíben transar nuevos bonos de Venezuela y su petrolera PDVSA, justo cuando Maduro busca renegociar la deuda externa de unos 150 mil millones de dólares.
En el país con las mayores reservas petroleras y dependiente de las importaciones, las sanciones también afectan las operaciones de comercio exterior, denuncia el gobierno.
Borges asegura que el tema «no se planteó» en la primera ronda, aunque insiste en que cualquier renegociación debe contar con el aval del Parlamento.
