La interna de la polémica votación del Congreso argentino con acusaciones de golpe y recuerdos del “cacerolazo” de 2001

El extenso debate en la Cámara de Diputados que se inició el lunes pasado el mediodía continuó durante toda la noche con ásperos cruces de posiciones de los parlamentarios afines al gobierno de Macri y los opositores.

La diputada Elisa Carrió denunció  durante la sesión por la reforma previsional que, debido a los incidentes que estaban ocurriendo en las afueras del Congreso, «en términos jurídicos a eso se le llama Estado de hecho, que no es ni más ni menos (que) apartado del derecho. Eso se llama golpe de Estado».

En una breve intervención al reanudarse la acalorada sesión, Carrió denunció una «conspiración institucional» tras recordar que «el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes», y pidió entonces que se corra vista al fiscal de turno y al juez sobre los incidentes en la plaza del Congreso.

Por su parte, el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque opositor Frente para la Victoria (FPV, kirchnerismo) , señaló: «El rechazo que generó la ley se vio claramente con los cacerolazos durante toda la noche en todo el país». Rossi denunció que la reforma «es perversa de la A a la Z y perjudica al conjunto de la sociedad». También advirtió que el gobierno «perdió credibilidad» desde las legislativas del 22 de octubre. Por eso, el legislador vaticinó que las protestas «son el punto de partida de una resistencia pacífica».

El oficialismo defendió la norma que modifica las pensiones para 17 millones de personas, entre ellas 4 millones de beneficiarios de ayuda social.

«Sacar el sistema de jubilaciones de la terapia intensiva requiere serenidad», dijo el diputado Mario Negri, de la alianza Cambiemos, acusando a la oposición de «repartir fósforos donde corre nafta».

El diputado oficialista Eduardo Amadeo también señaló a la oposición de montar una «enorme campaña de falsedades que ha generado angustia en mucha gente que cree que aquí va a salir una decisión que va a empeorar su nivel de vida».

De aplicarse la reforma, «a fines del 2018 las jubilaciones van a crecer más de un 22%, es decir, un 5% más que la inflación proyectada», aseguró en el debate. La oposición le respondió con abucheos.

«¿Cómo va a ser mejor la fórmula? Lo que están haciendo es tomándose la leche del gato», dijo el diputado peronista José Luis Gioja, que le pidió al gobierno que «no haga daño a los que menos tienen».

-El cacerolazo de 2001-

La crisis argentina de 2001 dejó varios episodios sorprendentes para la historia. Entre los sucesos más destacados de aquel año se encuentra el denominado «cacerolazo» o la movilización popular contra las medidas económicas del gobierno argentino que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2001 en Argentina.

El descontento social contra las restricciones decretado a principios de mes para la retirada del dinero que los ciudadanos tenían depositado en cuentas corrientes y cajas de ahorro, más conocido como «corralito», provocó el caos entre los argentinos y la convocatoria de numerosas protestas en las calles.

Argentina vive momentos duros, marcados por mucha violencia como no se veía desde 2001, según declararon algunos manifestantes, volviendo al recuerdo del cacerolazo .

El batir de las cacerolas se escuchó durante la madrugada en decenas de barrios de la ciudad donde familias enteras salieron a protestar contra la reforma de manera pacífica.

Además, centenares volvieron a concentrarse frente al Congreso batiendo cacerolas y fueron dispersados por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos.

«Este 2017 no es aquel 2001. El gobierno de Mauricio Macri acaba de ser revalidado en las urnas. El gobierno de Fernando de la Rúa venía de ser derrotado. Arrasado. La crisis política se sumaba a la social y al estallido desprolijo de la convertibilidad», escribe el periodista Martin Granovsky para Página 12.

Por otro lado, y según la encuesta de Ricardo Rouvier y Asociados que cita Granovsky en su crónica, el 75,8%  de los argentinos considera que el recorte jubilatorio es “una medida innecesaria” y que el gobierno “debería ajustar a otros sectores”.

Sin embargo, el 19 de diciembre de 2001, el entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, decretó el estado de sitio por el cual se otorgaba a las fuerzas armadas el poder para la represión ciudadana saltándose los requisitos exigidos para su aplicación y suspendió las garantías constitucionales.