La hidroeléctrica Achibueno, Piscicultura Calcurrape y Hotel Punta Piqueros, son los únicos tres proyectos de los 1.500 que se han denunciado ante los Tribunales Ambientales por parte de la ciudadanía, según afirma un estudio realizado por Espacio Público.
PUBLICIDAD
Hidroeléctrica Achibueno
El Proyecto Hidroeléctrico Achibueno consistía en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas que se ubicaban sobre el Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno, en la Región del Maule.
Este fue calificado favorablemente por la Comisión Regional del Medio Ambiente en enero de 2011, aprobación que se realizó pese a que informes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) y el Ministerio del Medio Ambiente, indicaron que existían inconsistencias en el proyecto.
Piscicultura Calcurrape
El proyecto consistía en la instalación y puesta en marcha de una piscicultura -criadero de peces y mariscos- en el sector del río Calcurrupe,en Futrono, Región de Los Ríos. El cual carecía de un estudio de impacto ambiental válido.
Además, las distintas comunidades de la zona rechazaron el proyecto en manos de la empresa Agrícola Sichahue, pues pasaría a llevar la cuenca del Lago Ranco, afectando a la extracción de recursos que realizan comunidades de la zona.
Hotel Punta Piqueros
El Hotel Punta Piqueros, ligado a los grupos Said, Urenda y Bolocco (de la sociedad entre Diana Bolocco y su padre), comenzó sus obras en 2011 cuando se le fue otorgado el Permiso de Edificación por parte del director de Obras de la municipalidad, Julio Enrique Leigh, quien se mantiene desde hace 20 años en el cargo.
La polémica comenzó cuando en 2013 el comité pro defensa del patrimonio histórico de Viña del Mar presentó un recurso para impedir que se continúe con las construcción, ya que el proyecto no contaba con un Estudio de Impacto Ambiental cuando se le otorgó el Permiso de Edificación por parte de la Dirección de Obras del municipio.
PUBLICIDAD
Tres proyectos de 1.500 denunciados
Respecto a lo anterior, la abogada y co-autora del informe Camila Palacios argumentó que “la sociedad civil no está ingresando reclamaciones ante Tribunales Ambientales, ya que existen muchas barreras de entrada, entre ellas el nivel técnico que exige abogados expertos”. Asimismo, indicó que “solo dos proyectos han sido paralizados por reclamaciones de la sociedad civil en Tribunales Ambientales», desmitificando la idea que se ha instalado al respecto.
Por su parte, Violeta Rabi, otras de las autoras expuso propuestas para mitigar el bajo rendimiento que hoy tienen las instituciones frente a más de 1.500 denuncias anuales. Una de ellas consiste en “crear una plataforma digital para recepción y gestión de denuncias ciudadanas ante la Superintendencia del Medio Ambiente, dado que la Superintendencia no tiene la capacidad parar procesar todas las denuncias que están recibiendo”, señaló Rabi.
El ministro titular abogado del Segundo Tribunal Ambiental, Rafael Asenjo, celebró la iniciativa del informe de mejorar la gestión ambiental y añadió que “estamos en una etapa muy básica de desarrollo de nuestro marco jurídico en justicia ambiental y es necesario hacer una revisión a fondo no solo de las competencias, sino también de los procedimientos de la ley ambiental”.
