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Al menos unos cinco mil manifestantes marcharon este lunes en Lima en rechazo al indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori, y exigiendo la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien acusan de negociar políticamente la medida.
Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, llamó hoy «errores» a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado el ex mandatario Alberto Fujimori para justificar el indulto que le concedió esta Navidad, lo que le exime de cumplir la mayor parte de los 25 años de prisión a los que fue sentenciado.
Sin embargo de acuerdo al contexto político y lo fugaz de la decisión, dejan serias sospechas de ser un acuerdo político que los beneficia a ambos y hacen pensar que todo responde a una vuelta de mano, «un toma y daca» . Repasamos algunos de los factores:
1-Kuczynski, prometió durante la campaña electoral de 2016 no liberar a Fujimori.
De esta manera, ha sido llamado traidor por sectores de la sociedad que lo apoyaron en las elecciones presidenciales para evitar que llegara a la Presidencia Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.
Lo concedió, además, a pesar de haber negado esa posibilidad casi hasta el último minuto a través de sus personas cercanas, como la primera ministra, Mercedes Aráoz, quien el día de la votación aseguró que el Gobierno no negociaba indultos.
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2-El indulto se dicta después de que no procedió la vacancia presidencial, en donde diez fujimoristas ayudaron al presidente PPK a quedarse en el cargo.
Kuczynski indultó a Fujimori en base a una recomendación médica tres días después que un sector minoritario de la bancada fujimorista evitó con sus votos que el Congreso lo destituyera.
El aparente trato permitió a Kuczynski seguir en el sillón presidencial tras salvarse de ser destituido por el Congreso la semana pasada gracias a los votos de un pequeño sector del fujimorismo; y a cambio Fujimori obtuvo el domingo la libertad tras diez años de infructuosos intentos por salir de la cárcel.
Kuczynski, que se ha pasado su primer año y medio de mandato asfixiado por la presión del fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría absoluta, se salvó el jueves pasado, contra todo pronóstico, de una moción del parlamento para destituirlo gracias a a una decena de fujimoristas que se abstuvieron y no votaron a favor de su salida del cargo como el resto de su bancada.
Esos parlamentarios fueron liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, quien en ocasiones anteriores ya había solicitado abiertamente a Kuczynski el indulto para su padre.
«Todo es parte de un juego político, las razones de salud (invocadas para el indulto) no son claras, estamos aquí como familiares (de víctimas durante el gobierno de Fujimori) para rechazar este ilegal indulto porque no corresponde por la gravedad de los delitos sentenciados», dijo a la prensa Gisella Ortiz, representante de un grupo de familiares.
Por su lado, Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazó el indulto en un pronunciamiento en Twitter.
Indultar a #Fujimori, habiendo la opción de trasladarlo a un hospital, personalmente me parece acto político que ignora la proporción entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesahumanidad. Una ofensa a las victimas. No es reconciliación. Es simples impunidad.
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 25, 2017
«Indultar a Fujimori habiendo la opción de trasladarlo a un hospital, personalmente me parece acto político que ignora la proporción entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Una ofensa a las víctimas. No es reconciliación. Es simple impunidad», escribió Abrao.
3-En contra del derecho internacional
El ex presidente fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Se trata de delitos que la ley internacional considera imprescriptibles y, a criterio de Salomón Lerner, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), su sanción no puede ser modificada, más aún cuando se trata de un emblemático caso de abuso desde el máximo cargo de poder de un Estado.
Se trataba además de un caso simbólico de justicia por las numerosas violaciones y crímenes cometidos por las fuerzas del Estado durante el mandato de Fujimori (1990-2000) y cuyos autores materiales no suelen identificarse por la opacidad del Ejército y otros círculos oficiales.
«Hasta el menos reflexivo de los peruanos vincula de inmediato el apoyo a Kuczynski de una parte de los fujimoristas con el indulto», comentó Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó el conflicto interno que asoló Perú entre 1980 y 2000, período que abarca el mandato de Fujimori.
Tampoco es idóneo hablar de un perdón, según Lerner, pues Fujimori siempre se declaró inocente de los delitos y crímenes por los que fue condenado y nunca mostró arrepentimiento, como tampoco por acciones autoritarias como el «autogolpe de Estado» de 1992.
El indulto era la única vía de Fujimori para salir de la cárcel, pues la naturaleza de lesa humanidad de los delitos, por matanzas y secuestros durante su mandato, no le permitía acceder a ninguna reducción de la pena.
«No es posible indultar esos crímenes. Lo dice el derecho internacional», indicó Carlos Rivera, abogado de familiares y víctimas de la política antiterrorista de Fujimori.
