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Se acentúan las fracturas políticas en Perú: Indulto a Fujimori genera renuncias y acciones para revertirlo

El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ex mandatario Alberto Fujimori por Navidad comenzó a cobrarse sus primeras consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.

 

Dos días después del indulto y derecho de gracia a Fujimori, presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.

En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori «no calificaba para la concesión de un indulto humanitario», mientras que Sánchez señaló que le resulta «insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas».

Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.

Por su parte, el partido opositor Acción Popular afirmó hoy que el indulto concedido al expresidente peruano Alberto Fujimori «es producto de una negociación política condenable» ante la opinión pública y que «agravia la dignidad del país».

A través de un pronunciamiento, Acción Popular agregó que el indulto otorgado como producto de un pacto político agravia la dignidad del sistema de justicia nacional,»atenta contra la gobernabilidad y nos lleva de manera irresponsable a una insana polarización social con riesgo de agudizar conflictos sociales contenidos».

El movimiento, que tiene cinco representantes en el Parlamento peruano, afirmó que algunos congresistas de diversas bancadas, «sometidos al fujimorismo y guiados por intereses subalternos», impulsaron la vacancia del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, para «generar desorden social que les permitiera concretar el adelanto de elecciones nacionales».

 

-Organizaciones de Derechos Humanos-

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.

Aprodeh hizo la solicitud como representantes de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los procesos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.

En 1992, el grupo militar encubierto Colina ingresó a los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, y se llevó a nueve estudiantes y un profesor, bajo sospechas de supuestos vínculos subversivos, sin que se vuelva a saber de su paradero.

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, informó que se ha hecho llegar un informe a la CorteIDH sobre el «ilegal indulto» al ex mandatario y solicitó una audiencia de supervisión de cumplimiento de condena.

-Las mejores condiciones en prisión-

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró hoy que «se actuó con veracidad y apego a las normas» en el proceso de indulto.

En un comunicado oficial, el ente aseguró que en la decisión «se respetó la atribución constitucional del presidente para conceder indulto humanitario y derecho de gracia».

La Comisión de Gracias Presidenciales llegó a la conclusión de que el ex gobernante es «una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable».

Además, que las condiciones carcelarias colocaban «en grave riesgo su vida, salud e integridad», por lo que recomendó la concesión del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias.

No obstante, Fujimori tenía una celda con todas las comodidades para no agravar su salud, aseguró a Efe la congresista Indira Huilca.

La parlamentaria del izquierdista Nuevo Perú, que visitó la celda de Fujimori junto a su compañera Marisa Glave después de que se diera el indulto, constató que el ex mandatario disponía de tres ambientes equipados con una cama ortopédica regulable, un tanque de oxígeno, televisor, teléfono, cocina y una biblioteca.

«Son espacios de excepción para un reo en nuestro país», afirmó Huilca en referencia a las precarias condiciones carcelarias de los presos en Perú.

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