El indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori y los casos de corrupción al más alto nivel relacionados con la empresa Odebrecht convirtieron al 2017 en uno de los años más agitados de los últimos tiempos en Perú.
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Aunque el escándalo Odebrecht concitó casi toda la atención a lo largo del año, al implicar a ex gobernantes y gran parte de la clase política nacional, la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Fujimori el 24 de diciembre causó un terremoto político de consecuencias aún impredecibles.
Kucyznski anunció su medida pocas horas antes de la Navidad y sólo tres días después de que el Congreso archivara un pedido para su destitución, presentado por la oposición luego de que se revelara que una de sus empresas hizo trabajos para Odebrecht entre 2004 y 2007.
El gobernante defendió su honestidad y logró salvar su cargo por un estrecho margen, ya que la petición no alcanzó los votos necesarios por la abstención de diez miembros de la bancada fujimorista, que domina el Legislativo.
Indulto sorpresa
Cuando gran parte de los sectores políticos y de la sociedad le pedían que fortaleciera su gestión, Kuczynski sorprendió con el anuncio del indulto a Fujimori por razones humanitarias, al señalar que la salud del ex gobernante corría riesgo en prisión.
La decisión no fue bien tomada por un gran sector del país, que consideró que sembraba la impunidad, ya que el ex mandatario cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y por la celeridad con que se aprobó el beneficio.
En la opinión pública nacional creció la idea de que, en realidad, se trató de un acuerdo político para que Kuczynski se mantenga en el cargo a cambio de permitir la liberación de Fujimori
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Lista de bajas
El año terminó, de esa manera, en medio de acusaciones de todo calibre, renuncias de funcionarios en desacuerdo con el indulto y protestas ciudadanas que hacen pensar que el régimen afrontará un escenario político muy adverso durante el 2018.
Los congresistas Vicente Zeballos, quien era el portavoz de la bancada de PPK, y Gino Costa oficializaron el miércoles su renuncia a la bancada del partido gobernante Peruano Por el Kambio (PPK), en rechazo al indulto.
La dimisión de estos legisladores se sumó a la que ya hizo el martes el congresista Alberto de Belaunde, con lo que el partido de Kuczynski se quedó con solo quince miembros en un hemiciclo de 130 escaños, que controla con mayoría absoluta el fujimorismo.
Además del debilitamiento de la bancada oficialista, el indulto otorgado ya ha generado dimisiones en diferentes sectores del Ejecutivo, entre ellas la del ministro de Cultura, Salvador del Solar, quien anunció el miércoles su renuncia al cargo.
Entre otros funcionarios, también han renunciado el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; y el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez.
Asimismo, la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela, y el asesor presidencial Máximo San Román.
De igual forma, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Hugo Coya; el presidente del programa estatal Servir, Juan Carlos Cortés; y la historiadora Natalia Sobrevilla, de la Comisión del Bicentenario de la Independencia.
El viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, también presentó su renuncia, según confirmaron fuentes oficiales.
Odebrecht
A esto se sumará la onda expansiva del escándalo Odebrecht, aún imprevisible en el país, con la maquinaria legal en marcha y juicios e investigaciones para todos los gustos y colores.
Desde que se comenzaron a conocer las confesiones de Marcelo Odebrecht y de su ex representante en Perú, Jorge Barata, ante la Justicia estadounidense y brasileña, el país vivió un año plagado de revelaciones sobre prácticas de corrupción que no han perdonado ni a un partido, ni a un Gobierno.
Cronológicamente, la tormenta se desató a principios de febrero, después de que Odebrecht confesó ante la Justicia de EEUU haber pagado en Perú entre 2005 y 2014 sobornos por 29 millones de dólares, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En febrero, la policía irrumpió en la casa de Toledo en Lima para buscar información sobre los supuestos 20 millones de dólares que habría recibido para facilitar negocios de la constructora. Al poco tiempo, había una orden de busca y captura internacional en su contra y una solicitud de extradición a EEUU, donde reside.
El presidente Kuczynski fue ministro de Toledo y un sector de la oposición apunta a que, en el mejor de los casos, supo de la corrupción de su entonces jefe o, incluso, fue parte de ese entramado, una opinión que será investigada por la Fiscalía.
Humala y su esposa, Nadine Heredia, son de momento los únicos en prisión, donde ingresaron en julio, apenas un año después de haber dejado la presidencia, mientras se les investiga por el dinero que supuestamente recibieron de la empresa para sus campañas políticas.
Contra Alan García, uno de los políticos más poderosos del país, el caso es un poco más difuso y de momento la investigación en su contra sólo es preliminar, aunque ha sido llamado para participar como testigo en otras investigaciones contra ex altos funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).
Mientras, la lideresa opositora Keiko Fujimori, hija mayor del ex presidente Fujimori, también se vio envuelta en el caso después de que su nombre apareciera en documentos incautados a Marcelo Odebrecht y éste reconociera haber financiado su campaña electoral.
El caso es que esas mismas confesiones pusieron en duda y bajo el radar de la Justicia a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, un icono de la izquierda peruana que también habría recibido dinero de Odebrecht para una campaña electoral.
