Para hoy, en el Juzgado de Garantía de Temuco, está fijada la audiencia en que se solicitarán medidas cautelares para los 11 comuneros que volvieron a la condición de acusados, tras la anulación del juicio por el caso Luchsinger-Mackay.
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Con gran expectación se espera la presencia de la machi Francisca Linconao, quien el jueves pasado viajó a Bolivia, lo que despertó suspicacias. Su vocera, Ingrid Conejeros, afirmó que la acusada asistirá a la audiencia, aunque no está claro que sea obligación.
De hecho, tras el fallo del 25 de octubre pasado que absolvió a los 11 acusados, todos recuperaron su libertad inmediatamente. Nueve de ellos se encontraban en prisión preventiva, mientras que la machi y el comunero José Peralino estaban con arresto domiciliario.
Luego del fallo absolutorio del Tribunal Oral Penal de Temuco, dictado en sentencia el 14 de diciembre, se revocaron todas estas medidas cautelares, situación que cambió el 29 de diciembre pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Temuco anuló el juicio y ordenó uno nuevo.
La Fiscalía Regional de La Araucanía recibió esta resolución el lunes 1 de enero pasado y solicitó audiencia para determinar las medidas cautelares. En principio, el Juzgado de Garantía de Temuco la fijó para el 11 de enero, pero tras el viaje de la machi a Bolivia, el pasado jueves 4, la adelantó para este lunes.
De esta forma, en la audiencia de hoy el tribunal de Garantía deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares que solicitarán la fiscalía, los querellantes y las defensas de los comuneros José Tralcal, Luis Tralcal, Aurelio Catrilaf, Hernán Catrilaf, Sabino Catrilaf, Juan Tralcal, Sergio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, José Manuel Peralino, José Córdova y la machi Francisca Linconao.
Las medidas que podrían decretarse van desde un simple arraigo nacional, para asegurar la comparecencia de los acusados al nuevo juicio fijado para el próximo 26 de febrero, hasta las prisiones preventivas por riesgo de fuga.
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Los 11 están acusados por el incendio con carácter terrorista en que murieron Werner Luchsinger y y su esposa Vivian Mackay, el 4 de enero de 2013 en Vilcún.
Para 10 de los acusados, incluida la machi, la fiscalía pide presidio perpetuo calificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario. Además, para Sabino Catrilaf se piden otros 3 años y 541 días de cárcel por dos delitos de porte ilegal de armas y municiones.
En el caso de José Peralino Huinca, la fiscalía pide sólo 10 años de presidio por su colaboración con la investigación. Su confesión en octubre de 2015 permitió la detención de los imputados, aunque posteriormente se desdijo y su defensa alegó que su confesión se obtuvo mediante vulneración de derechos. Sin embargo, el tribunal la validó como prueba en el juicio.
El único condenado hasta el momento es el machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito (30), sentenciado a 18 años de cárcel en fallo confirmado por la Corte Suprema el 13 de mayo de 2014. La noche de los hechos, Celestino Córdova se encontraba herido y a 1.750 metros de distancia de la casa de los Luchsinger-Mackay, cuando fue detenido por carabineros. En su caso, la fiscalía también pidió presidio perpetuo calificado por delito terrorista, lo que no fue concedido por los tribunales.
