Dos semanas después de que la Corte Suprema anulara los permisos de edificación del centro comercial en el Muelle Barón, en Valparaíso, la compañía que financiaba el proyecto, Mall Plaza, terminó su contrato con la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), que iba a construirlo.
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Es así como se termina el polémico proyecto.
Mall Plaza «ha decidido poner término al contrato de Concesión del Proyecto Puerto Barón, de acuerdo a la facultad establecida para ello en el mismo contrato, al tiempo que realizará una provisión neta de 7,5 millones de dólares», sostuvo la empresa de centros comerciales.
«Durante esta última década (la empres) desplegó los mejores esfuerzos para llevar adelante el proyecto que le fue adjudicado en una licitación pública internacional, respetando de manera irrestricta todas las regulaciones y recomendaciones efectuadas por las diferentes administraciones y organismos técnicos, incluyendo las solicitadas por la Comisión Presidencial y la propia Unesco, cumpliendo la institucionalidad vigente y manteniendo un diálogo permanente con todos los actores involucrados para integrar las distintas visiones a su diseño, agregó Mall Plaza.
La empresa recordó que «el permiso de construcción del Proyecto Puerto Barón fue otorgado en febrero de 2013 y su legalidad fue ratificada por fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en febrero de 2017. El reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que impide la ejecución del proyecto, deja sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y cambia el criterio de la misma Corte Suprema que en el año 2006 había ratificado la legalidad de una modificación al Plan Regulador Comunal de Valparaíso, que se introdujo expresamente para permitir la construcción de un proyecto como Puerto Barón».
Asimismo, recalcó que «lo sucedido refleja la urgencia de avanzar en una institucionalidad que otorgue reglas claras, con procesos de revisión y aprobación en tiempos acotados para todos los actores involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión, de manera de contar con la debida certeza jurídica para abordar este tipo de iniciativas tan necesarias para el desarrollo nacional».
