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Reembolsos en el parlamento: auditoría detectó gastos en alcohol y otros “poco prudentes”

Taxis desde Santiago a Valparaíso y alojamientos por más de 1 millón de pesos son parte de estos gastos irregulares.

El Comité de Auditoría Parlamentaria detectó gastos en alcohol, traslados y “poco prudentes” por parte de los miembros del Congreso que solicitaron reembolsos. Esta situación fue puesta en conocimiento del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

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La información está consignada en La Tercera de hoy y se refiere a una auditoría que inició el comité, que fija los criterios del uso de los fondos que senadores y diputados reciben del Estado para su trabajo legislativo.

En el desarrollo de esta auditoría, el comité que preside Sergio Páez detectó estos gastos calificados como “poco prudentes” y solicitó un pronunciamiento de parte del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que renovará sus miembros en marzo, tras las designaciones que incluyeron a Andrés Zaldívar.

“Se ha detectado la inclusión de consumo de alcohol en las rendiciones. En concepto del comité, el alcohol no puede considerarse alimento, al no constar de nutrientes para el organismo. Se requiere una interpretación vinculante de parte del consejo”, señala el requerimiento enviado por el comité al consejo.

Además, según la información de La Tercera, se espera que el Consejo regule los reembolsos de propina, “dado que suele incluirse en las rendiciones”, esperando que se establezca, además, un monto máximo, citando el 10 por ciento consagrado como sugerencia a los consumidores en la ley.

El requerimiento agrega que “el comité estima conveniente poner en conocimiento del Consejo Resolutivo que en la auditoría se han advertido gastos que no parecen enmarcarse en los criterios de prudencia y austeridad que deben orientar el uso de asignaciones”.

“Tal es el caso de comprobantes de taxi por valores superiores a 100 mil pesos, sin mayor especificación de los tramos recorridos. También la utilización del mismo medio de transporte para desplazarse entre Santiago y Valparaíso”, menciona el documento citado por el diario.

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El diputado UDI Enrique van Rysselberghe admirtió a La Tercera que en sus rendiciones se detectó el uso de taxi desde el aeropuerto de Santiago hasta el Congreso. El parlamentario explicó que en algunas ocasiones ha hecho uso de ese medio.

“Es cuando tengo presura en el traslado. Está la opción de arrendar un auto. Sin embargo, yo, por ejemplo, voy a un ministerio y no me ubico bien en Santiago (…). Hay otras opciones, y en su minuto el consejo dirá. Pero hoy está la libertad de poder tomarlo. Y cuando tomo un taxi, tengo una persona que me maneja. Entonces, yo puedo ir trabajando”, señaló.

En el requerimiento, los auditores hicieron ver a los consejeros otra situación detectada en la revisión, pero vinculada al alojamiento. “Para el caso de alojamiento se comprobaron pagos por montos superiores a 1 millón de pesos, sin información relativa al usuario o detalle del servicio”, advierte.

Para el ítem combustible el comité también pide al consejo profundizar en la regularización, porque “tratándose de combustible, la rendición de montos superiores a 3 millones de pesos en el mes implicaría un kilometraje recorrido difícilmente posible de materializar”.

Sin embargo, la auditoría realizada -que comprendió gastos entre enero y mayo de 2017- no planteó reparos a los distintos parlamentarios que incurrieron en estos gastos. “Estos no han sido sujetos a objeción, al carecer el comité de parámetros objetivos que permitan fundar suficientemente un eventual cuestionamiento”, expresa el documento.

Según fuentes del Congreso, citadas por La Tercera, en la auditoría el comité analizó también una rendición de la diputada Camila Vallejo por un gasto en Homecenter relacionado con la remodelación de una oficina parlamentaria. En ésta se constató que la legisladora adquirió un taladro a un precio cercano a los $200 mil.

Pese a que en su entorno explican que no fue comprado en 2017, según conocedores de la compra, la herramienta fue rendida a inicios de ese año. Este gasto tampoco fue objeto de reparo por parte de los auditores.

La Tercera intentó acceder al registro de la nómina de parlamentarios auditados, pero se señaló en el Congreso que ésta aún no es pública.

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