La Comisión de Educación del Senado aprobó y despachó el proyecto de educación superior, que establece por ley la política de gratuidad, ya no por glosa presupuestaria como se estaba fijando hasta ahora, junto con la gradualidad para llegar a la gratuidad universal.
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Además, crea la Subsecretaría de Educación Superior, que velará por la coordinación del sistema; una Superintendencia de Educación, que fiscalizará a las instituciones y el fin efectivo del lucro, y establece la acreditación obligatoria para las instituciones.
La ministra Adriana Delpiano calificó este paso como “un avance, hemos contado con apoyos transversales para los distintos articulados del proyecto y vemos que ha habido la flexibilidad suficiente para adecuar algunos artículos en algunos aspectos de redacción”.
La secretaria de Estado añadió que el progreso de la tramitación de la iniciativa se debe a “la disposición de todos. Este no es un proyecto que se estaba viendo recién ni en la Cámara ni el Senado, sino que lleva ya tiempo en debate, escuchando a distintos actores, y lo que se ha hecho este mes ha sido formalizar la votación de los distintos articulados”.
El proyecto establece por ley un sistema de financiamiento basal para las universidades tradicionales no estatales, como complemento al Convenio Marco destinado a las universidades estatales, y que se regula en el proyecto de ley sobre universidades estatales.
Con su aprobación, ahora el proyecto de ley sigue su segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, para luego pasar a la votación en sala.
Esta iniciativa es parte de la reforma que en el ámbito de la educación superior ya ha establecido medidas como la Ley del Administrador Provisional, la creación de las nuevas universidades estatales de O`Higgins y Aysén y de 15 centros de formación técnica estatales, junto con el proyecto de ley que fortalece a las universidades estatales y el vínculo entre estas casas de estudios y el Estado, que fue aprobado por la Sala del Senado.
