«El fallo emitido el día de hoy (ayer) por el Tribunal Constitucional (TC), demuestra que las pretensiones y preocupaciones contenidas en el Téngase Presente tenía fundamentos sólidos y consistentes». Así comienza la declaración de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) respecto a la resolución que dejó sin facultades sancionatorias al Sernac.
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«La CNC únicamente dio su opinión al Tribunal Constitucional, al igual que con el Gobierno y el Congreso durante los últimos cuatro años, en el sentido de que las nuevas facultades que se otorgan al Sernac son excesivas y terminan transformando al servicio en una verdadera súper agencia sin comparación en nuestro ordenamiento y, a la vez, desnaturalizan al servicio, al otorgarle facultades incompatibles entre sí», agrega el gremio.
La CNC recalcó que se trata de «un fallo decisorio», ya que delimita «con claridad las facultades que les corresponden a los órganos de la administración, en contraposición a aquellas que les corresponden a los tribunales de justicia. A su vez, elimina la facultad normativa del servicio, puesto que ésta es resorte exclusivo y excluyente del legislador».
De todas formas, el gremio empresarial sostuvo que la ley sí beneficia a los consumidores, porque incluye «temas tan relevantes como el aumento sustantivo de multas, la indemnización del daño moral en demandas colectivas, la simplificación de los procedimientos, la reducción de la carga de la prueba a los consumidores y la facultad de fiscalización que se le otorga al Sernac».
«Como CNC, apoyamos estas modificaciones, porque somos los primeros en condenar los abusos que, en definitiva, afectan la confianza en el mercado. Los empresarios del comercio, los servicios y el turismo, vivimos y dependemos de la confianza de nuestros consumidores», sentencia.
«Necesitamos un Sernac moderno, que esté a la altura de las nuevas relaciones de consumo y no que sea juez y parte», concluye la CNC.
La sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) también salió a aplaudir la resolución del Tribunal Constitucional: «Concordamos con el fallo del TC en la falta de independencia que tendría el Sernac respecto del gobierno central, quien tendrá siempre un legítimo interés en orientar una política de protección al consumidor, pudiendo soslayar por tanto las consideraciones técnicas que todo órgano sancionador debe privilegiar, especialmente si mantiene la titularidad de acciones colectivas», dijo el segundo vicepresidente del gremio industrial, Gonzalo Said.
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El ejecutivo agregó que «la declaración de inconstitucionalidad del TC confirma los problemas estructurales que planteamos respecto del proyecto en cuanto a la inviabilidad de un servicio público que sea juez y parte, así como la indeterminación y amplitud de las facultades normativas atribuidas».
«Recalcamos a nuestros legisladores la necesidad de reducir y acotar los espacios de discrecionalidad de los servicios de la administración pública. Consumidores y proveedores merecen reglas claras para ejercer y defender sus derechos», reiteró Said.
