Tras la postergación del 5 de diciembre pasado, para las 9 horas de hoy, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, está programado el inicio de la preparación del juicio oral en el caso Caval después de casi tres años de iniciada la causa, con la compra y venta de los terrenos en Machalí en enero de 2015. La investigación golpeó el núcleo familiar de la Presidenta Michelle Bachelet.
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El 17 de enero de 2015, la sociedad Caval –de propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la mandataria, y de Mauricio Valero- compró en 6 mil 500 millones de pesos los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en 9 mil 500 millones de pesos y un día después se publicó el reportaje que destapó el caso.
La causa comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards (hoy Rojo Edwards) presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda. Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo.
Actualmente, la causa está en manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que el 20 de octubre pasado cerró la investigación y presentó acusación en contra de 10 imputados, incluyendo a la sociedad Caval como persona jurídica, pero sólo cinco estarían llegando al juicio oral. El número definitivo se conocerá este lunes, pero los principales imputados son Natalia Compagnon, Mauricio Valero y Herman Chadwick.
La nuera de la Presidenta está acusada de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, usando facturas falsas, y de soborno en la arista Saydex, como representante legal de Caval. Este último delito habría consistido en el pago de 32 millones de pesos al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, para favorecer a la empresa de informática en las licitaciones de los hospitales de Maipú, San Borja y ex Posta Central. La pena solicitada es de tres años y 1 día de presidio.
Su socio Mauricio Valero también de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, usando facturas falsas, y de soborno en la arista Saydex, como representante legal de Caval. Por cada delito, la fiscalía pide una pena de 3 años y 1 día de presidio.
En tanto, el síndico de quiebras Herman Chadwick, a quien se le suspendió el juicio abreviado que acordó con la fiscalía, está acusado de ventajas indebidas del síndico, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y omisión maliciosa de declaración.
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En principio, la fiscalía pedía contra Chadwick una pena de 5 años y 1 día de presidio, pero al acordar el juicio abreviado la rebajó a 818 días por el delito principal y 61 días por cada uno de los otros dos. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por soborno, además de los otros ilícitos, y estaba pidiendo 11 años de cárcel.
Por su parte, la arquitecta Cynthia Ross; el ex jefe de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva, y su esposa Marisol Navarrete están acusados de cohecho para hacer gestiones por el cambio de uso de suelo de los terrenos vendidos a Caval. La fiscalía pide penas de hasta 3 años y 1 día de presidio.
Asimismo, la Exportadora y de Gestión Caval Ltda., a través de sus representantes legales Natalia Compagnon y Mauricio Valero, está acusada de soborno en la arista Saydex.
Por su parte, el gestor inmobiliario Juan Díaz se acogió a juicio abreviado y el tribunal lo condenó a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso, en calidad de autor del delito reiterado de soborno. También lo sentenció a 61 días de presidio como autor del delito de facilitación de facturas falsa, y 61 días de presidio en calidad de cómplice en el delito reiterado de ventajas indebidas del síndico.
El caso Caval sigue abierto en la arista de la estafa al empresario Gonzalo Vial Concha, a quien la sociedad le vendió en 1.162 millones de pesos unos informes mineros copiados de internet. Incluso, en esta línea investigativa la fiscalía nuevamente está apuntando a Sebastián Dávalos, quien en la arista principal fue absuelto definitivamente.
