Por 102 votos a favor, incluyendo los de Chile Vamos, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto de reforma a la educación superior que establece la gratuidad como política de estado, asegura la calidad, pone fin al lucro en el sector y obliga a las instituciones a acreditarse.
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«Chile hoy es mejor que ayer. Contar con una ley de educación superior que dé garantías a las familias de calidad en sus estudios es primordial», declaró la ministra Adriana Delpiano, que asistió a la sesión junto a los titulares de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, y de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
Esta reforma crea la Subsecretaría de Educación Superior, que velará por la coordinación del sistema, y una Superintendencia de Educación, que fiscalizará el cumplimiento de la normativa de educación superior y el fin efectivo del lucro, además de establecer la acreditación obligatoria para las instituciones.
En materia de financiamiento, el proyecto consagra la gratuidad por ley, ya no por glosa presupuestaria, y define un mecanismo para avanzar gradualmente en su cobertura. El texto aprobado garantiza la cobertura actual de hasta el 60% y establece condiciones económicas venideras para poder expandirla al 100%.
Asimismo, establece por ley un fondo basal (por desempeño) para las universidades tradicionales no estatales, como complemento al convenio marco destinado a las universidades estatales, y que se regula en el proyecto de ley sobre universidades estatales.
