La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento de las universidades estatales, cumpliendo su último trámite constitucional y quedando lista para ser promulgada.
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La iniciativa además contempló un incremento de recursos para las casas de estudios de 150 mil millones de pesos a 300 mil millones de la divisa nacional. La cantidad que se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las leyes de presupuestos del sector público correspondientes.
Se estableció, además, que dentro de los primeros cinco años de vigencia del Plan, se deberán destinar al menos $150 mil millones para su implementación.
A través de este plan de fortalecimiento las universidades del Estado, entre otros, podrá realizar desarrollo institucional; fortalecimiento de la gestión; crecimiento de su oferta académica o de su matrícula; fortalecimiento de la calidad académica y formación profesional; fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e implementación de políticas públicas.
La nueva normativa busca que las universidades estatales contribuyan de forma permanente al desarrollo integral del país, de conformidad a la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios que fundamentan y dirigen el quehacer de estas instituciones de educación superior.
En este contexto, el proyecto pretende abordar la naturaleza, la organización y el funcionamiento de las Universidades del Estado desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, con una orientación definida respecto de lo que el país demanda y necesita de sus Universidades y de lo que estas, a su vez, requieren del Estado para llevar a cabo su misión y sus funciones, de acuerdo a criterios de excelencia.
En relación al gobierno universitario, se estableció que el Consejo Superior será el máximo órgano colegiado de la universidad y le corresponderá definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la universidad.
En este punto, se agrega que los estatutos de cada universidad podrán establecer una denominación distinta para el máximo órgano colegiado.
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La iniciativa señala que el rector deberá realizar, al menos una vez al año, una cuenta pública detallando la situación financiera y administrativa de la universidad; los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional; y los logros obtenidos en cada una de las áreas sujetas al proceso de acreditación.
Por otro lado, el proyecto subraya que, en caso que una universidad del Estado pierda su acreditación institucional u obtenga una inferior a cuatro años, el Ministerio de Educación designará a otra universidad del Estado para que se desempeñe como institución tutora.
Si transcurrido el plazo máximo de seis años la universidad tutorada no obtiene una acreditación institucional de a lo menos cuatro años, el Ministerio de Educación nombrará directamente un administrador provisional.
Dentro del plazo de seis meses contado desde esta, el Presidente de la República enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que defina el destino de la respectiva institución, pudiendo considerar, entre otras medidas, su reorganización interna o formas de administración especial dirigidas a recuperar su calidad académica y a garantizar la continuidad de los estudios de sus alumnos.
De ser necesario, dicho proyecto de ley podrá contemplar la reestructuración de la institución, el término de sus actividades o un procedimiento mediante el cual pueda ser fusionada o absorbida por otra universidad del Estado.
