La “Operación Huracán” terminó en convirtiéndose en un vendaval que sacude a Carabineros. Junto al escándalo generado hace meses por el llamado caso “Pacogate” se abrió otro flanco vinculado a irregularidades.
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Esta vez se trata de una polémica investigación sobre atentados terroristas en la zona mapuche. Ayer, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, confirmó que el caso en contra de ocho comuneros mapuches ligados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) quedó cerrado por “irregularidades” en las pruebas presentadas por Carabineros durante el proceso judicial.
La decisión fue tomada por el fiscal regional de La Araucanía Cristian Paredes debido a que las conversaciones de whatsapp, la evidencia en la cual se sostenían las acusaciones por actos de terrorismo en la IX región, habrían sido implantadas por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIpolcar) a través de un software, en los teléfonos incautados a los comuneros.
Debido a estas irregularidades el Ministerio Público anunció que se ya se abrió una investigación en contra de los funcionarios de Carabineros que resulten responsables por “falsificación de instrumento público y por obstrucción a la investigación”.
«Nos parece gravísimo y es absolutamente inédito dentro de la historia de la Reforma Penal», afirmó Abbott. Añadió que el episodio ocurrió en un caso en el que por primera vez la fiscalía contó con informaciones obtenidas al amparo de la actual Ley de Inteligencia.
Indagación paralela
Una de las razones de porqué la fiscalía decidió no perseverar se desprende de una investigación paralela que pidió la fiscalía a la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO).
El resultado de los informes fue tajante que los archivos de mensajería que se encontraban dentro de los teléfonos no tenían relación con el formato de los aparatos. Además, que sólo dos de los celulares presentados como evidencias tenían instalados aplicaciones de mensajería instalada.
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Dura reacción del Gobierno
Poco después de la revelación hecha por el Fiscal Nacional, el Gobierno anunció que había ordenado una investigación administrativa «inmediata» a Carabineros para aclarar los hechos a cargo del subdirector de esa institución, general inspector Julio Pineda.
“El Ministerio del Interior y Seguridad Pública considera que, dada la gravedad de las informaciones difundidas, resulta indispensable que las investigaciones penales y administrativas se ejecuten en el más breve plazo”, remarcó un comunicado de esa cartera.
Patricia Cuevas abogada de Héctor Llaitul logró contactarse con él y aseguró que “se encuentra sorprendido pero finalmente se dieron cuenta que nosotros teníamos razón desde un primer momento”.
