La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) realizó una presentación ante la Contraloría General de la República para que la entidad investigue y se pronuncie sobre la legalidad y los presuntos vicios de forma del proceso de subasta del jurel por 50 mil toneladas, que se llevó a cabo a fines del año 2017, por parte de la Subsecretaría de Pesca.
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Juan Montenegro, dirigente de la gremial denunciante, esta fue la licitación más importante desde la aprobación de la ley de Pesca y buscaba abrir el mercado pesquero, situación que no ocurrió.
“No logró su objetivo. Por una parte, se concentró en una gran industria, Orizon con el 36% del recurso; y por otra al analizar el proceso se observan vicios legales y administrativos que implicaron, por ejemplo contacto con algunos oferentes por parte de la Subsecretaría de Pesca, tal como lo informó la prensa y por otro, a pesar de que hubo una gran presencia de funcionarios públicos y un notario público, se extraviaron 50 sobres con ofertas que habían ingresado al sistema”, indicó Montenegro.
Dentro de los puntos que destaca la presentación ante el ente contralor, ya el 3 de noviembre del año 2017, a través de la prensa se indica que “el 30 de octubre la Subsecretaría de Pesca inició el contacto con distintas compañías y otros actores incumbentes, como pymes, para la licitación de dicho recurso en distintas regiones del país, cuyo resultado se conocerá entre los días 4 y el 6 de diciembre”.
