El 22 de enero formalizaron a Francisco Ríos Ríos (26) en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Afuera había un tumulto esperándolo para lincharlo si salía libre. Pero le dictaron prisión preventiva por cinco meses, pues la Fiscalía consideró que podría ser culpable de parricidio y maltrato relevante de su hija Sophie. La niña tenía un año y once meses y falleció a causa de golpes y abusos perpetrados, presuntamente, por él.
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Ese fue el caso que detonó la campaña #LeySophia, que pide penas más duras para los asesinos y violadores de niños. Entre ellas, se pide restaurar la pena de muerte, abolida en Chile en 2001. Aún así el diputado Ignacio Urrutia (UDI) se hizo parte del sector más duros de la demanda y junto a sus compañeros de partido Celso Morales, Osvaldo Urrutia, Pedro Álvarez-Salamanca y Sergio Bobadilla – más el senador Iván Moreira- le pidieron al presidente electo, Sebastián Piñera, convocar a un plebiscito para analizar el regreso de esta pena.
«Hay consciencia que en Chile no se le está aplicando la ley como corresponde a los delincuentes», argumenta Urrutia en conversación con Publimetro. Declarado como partidario de la pena de muerte, a su juicio las críticas no empañan a la iniciativa pues «lo importante es que se está debatiendo». Pero, ¿es posible que se vuelva a instaurar?
Pactos internacionales
Urrutia entiende que es difícil porque hay que modificar la Constitución y, sobre todo, porque Chile tendría que analizar su permanencia en el Pacto de San José de Costa Rica o «Convención Americana sobre Derechos Humanos». Aún así defiende la idea.
«Todas esas cosas se pueden cambiar. Yo veo tantos países alrededor nuestro que hacen acuerdos y después no los cumplen. Entonces habría que ver hasta qué punto el Pacto de San José de Costa Rica prohibe la pena de muerte. También, si se aprueba un plebiscito, sería la gente la que opine y si se aprueba, el pacto simplemente quedaría afuera», argumenta el parlamentario.
Para Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, la cosa es no es tan simple. «En la Unión Europea ya no existe la pena de muerte y en América Latina sólo la tiene Cuba, entonces es un tema que está superado. Sería un retroceso enorme en términos de imagen como país. Sería volver a una práctica que es desechada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Es algo tan del pasado, que nos dañaría».
No sólo acuerdos
Máximo Quitral, doctor en Ciencia Política explica que omitir puntos del Pacto de San José de Costa Rica, como propone el diputado Urrutia, no es fácil.
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«Es imposible reponer la pena capital y seguir en el Pacto de San José de Costa Rica. Tampoco se puede rechazar el acuerdo de forma parcial, pues con ello se entra en conflicto con la Convención de Viena, que en su artículo 44°», ilustra.
Por último, entre las consecuencias prácticas identifica el hecho de no poder recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a organismos de defensa de esas materias. Pero el más complicado es uno de tipo mediático.
«El impacto puede limitar al país de cierta manera, en términos de pertenencia a organismos y más de algún actor internacional no vería con seriedad a las autoridades chilenas o la forma de hacer política en el país», sentencia el profesor.
«Chacal de Nahueltoro»
Antes de ser fusilado, Jorge del Carmen Valenzuela Torres pidió una cena sencilla. Le dictaron la pena de muerte por matar a cinco niñitos y a su mujer de 38 años el 20 de agosto de 1960. De eso no se acordaba mucho: en ese entonces era alcohólico. Pero tres años en cárcel lo cambiaron. En prisión le enseñaron lo que era bueno y malo. Le enseñaron religión. Aprendió hasta leer y escribir. Y se arrepintió de su crimen mil veces. Todo lo demostró con hechos. Ahora era un hombre bueno. Pero la sentencia estaba dictada: lo mataron el 30 de abril de 1963.
