La Universidad Católica de Chile presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del reglamento de objeción de conciencia de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, porque le impediría negarse a practicar el embarazo en su red de salud.
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Según publica hoy La Tercera, en el recurso de protección presentado ayer se argumenta que el reglamento tiene normas ilegales y arbitrarias que limitan la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, a manifestar sus creencias y derecho de propiedad.
La UC solicitó también una orden de no innovar para que su aplicación sea suspendida hasta que el tribunal de alzada capitalino decida si acoge o no el recurso.
Además, añade la UC, hay normas dentro del reglamento que le impiden ejercer su derecho a oponerse a realizar abortos y que cualquier cambio que limite esa garantía constitucional debe hacerse por medio de una ley y no una resolución exenta.
De acuerdo a los argumentos de la universidad, en el reglamento hay una disposición que se aplica a las instituciones privadas que tienen convenio con el Ministerio de Salud para otorgar prestaciones ginecológicas y obstétricas. En ese caso, la organización no podrá esgrimir la objeción de conciencia.
En el recurso se consigna que la UC tiene un convenio desde 2003 con el Servicio Metropolitano Sur Oriente. “El objetivo de tal acuerdo era la prestación, por parte de la universidad a través de la red de atención de centros de salud familiar ‘Ancora’, de una serie de acciones de salud en favor de una población determinada. Estas eran de distinto tipo de medicina: preventiva, curativa y de rehabilitación, dentro las cuales se incluyen prestaciones ginecológicas y obstétricas”, dice el recurso.
Agrega la acción judicial que “existen disposiciones que atentan contra los derechos constitucionales y constituyen un acto arbitrario e ilegal, impidiendo una de ellas a la universidad manifestar objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el sólo hecho de haber suscrito un convenio”.
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El director jurídico de la UC, Juan Esteban Montero, declaró a La Tercera que recurrieron a la Corte “con la finalidad de que la reglamentación que se ha dictado respecto a la ley de aborto en tres causales sea modificada, ya que a nuestro juicio y convicción, esta normativa limita el ejercicio de los derechos establecidos en la ley respecto de la objeción de conciencia”.
“Esperaría del gobierno saliente que le den pleno respeto a la ley, eso se haría a nuestro juicio, modificando las reglamentaciones. Si una ley me da un derecho, ésta tiene que limitarlo, no puede venir una norma inferior a limitar el derecho”, añadió.
Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, afirmó al diario que el reglamento impugnado acogió las sugerencias de su departamento de ética.
“Se entiende que el rol del Estado es proteger el acceso y, además que la objeción de conciencia tanto personal como institucional, es excepcional y debe cumplir con algunas condiciones mínimas”, dijo.
Agregó que “si el recurso es acogido, eso sólo nos deja hasta como estábamos previo a la publicación. No puede un tribunal suspender la aplicación de la legislación vigente”.
