La investigación preliminar de un tribunal internacional sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza en Venezuela debe ser visto como una advertencia y servir para detener de inmediato estas acciones, afirmaron el viernes de los abogados que iniciaron las denuncias.
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«Las violaciones tienen que cesar. El radar de la Corte Penal Internacional está en Venezuela por la perpetuación de estos crímenes», señaló Juan Carlos Gutiérrez, uno de los letrados que ha llevado las denuncias ante el tribunal de La Haya y que también defiende a Leopoldo López, el líder opositor venezolano que se queda bajo arresto en su domicilio de Caracas.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que se examinará si la «fuerza excesiva» fue utilizada por los órganos de seguridad del Estado en declaraciones, detenciones y encarcelamientos en Venezuela desde abril de 2017.
En las protestas antigubernamentales que ocurrieron entre abril y julio del año anterior fallecieron al menos 120 personas, en su mayoría manifestantes.
La fiscal también dijo que examinaba la violencia ejercida por parte de los manifestantes, algo que los abogados aceptaron sin reparos. «La fiscal debe ser amplia e imparcial en la investigación, que tiene que abarcar todos los hechos acontecidos», apuntó Gutiérrez.
El abogado dijo en una rueda de prensa en Madrid que entre las pruebas se refiere desde 2014 ante el tribunal se incluyen 83 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
La abogada Tamara Sujú señaló que el Instituto Casia que ella dirige desde la capital de la República Checa había presentado hasta las multas de enero cerca de 400 expedientes sobre supuestas torturas a los manifestantes y miembros de la oposición. Alrededor de un 70% de las denuncias, señaló a Sujú, también incluyen antecedentes de abusos sexuales y violaciones. AP
