Corte declara admisible recurso de la UC sobre reglamento de objeción de conciencia

La entidad académica interpuso un Recurso de Protección con e fin de eliminar ciertos preceptos específicos contenidos en el protocolo. Éstos estarían vulnerando garantías constitucionales.

Por Consuelo Rehbein

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recuso presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) para declarar ilegal el reglamento del Ministerio de Salud que regula la objeción de conciencia personal e institucional en los casos de aborto que se apeguen a las tres causales legalizadas.

El recurso presentado por la entidad académica y del área de salud señala que "la objeción de conciencia es un derecho directa y expresamente reconocido en nuestra Constitución en favor de las personas, incluidas las personas jurídicas".

"De ahí, que no puedan establecerse más gravámenes o limitaciones a tal derecho que los que expresamente regulados en la Ley", agrega señalando los artículos constitucionales que estarían siendo vulnerados.

Entre ellos se mencionan:

  • Artículo 19 Nº 6: Derecho a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.
  • Artículo 19 Nº 2: Derecho a la igualdad ante la Ley.
  • Artículo 19 Nº 15: Derecho a la libertad de asociación.
  • Artículo 19 Nº 24: Derecho de propiedad.

En resumen, el recurso de protección indica que el documento se caracteriza por tener normas ilegales y arbitrarias que limitan la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, a manifestar sus creencias y derecho de propiedad.

Reacción tras la publicación 

En ese sentido, desde la PUC aseguran que el reglamento tendría normas que le impiden ejercer el derecho a oponerse a realizar abortos. Sus argumentos se basan en la resolución número 61 publicada en el Diario Oficial el 22 de enero.

Una de estas normas involucraría a las instituciones privadas que mantienen convenio con el Ministerio de Salud (Minsal) para prestaciones ginecológicas y obstétricas. Y por ende, afectaría a los servicios de salud a cargo de la Universidad Católica.

 

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