La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó el lunes a las autoridades venezolanas a asumir con urgencia lo que calificó como “grave” situación de derechos humanos y la crisis política, económica y social que atraviesa esa nación.
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“Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, advirtió el organismo al difundir su tercer informe sobre el país andino.
La CIDH aseveró que Venezuela registra “un grave precedente” y “contradice seriamente los principios del derecho internacional” al no aceptar ni cumplir decisiones ni recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional.
Las 76 recomendaciones al Estado contenidas en el informe incluyen reconocer nuevamente la competencia de la Corte IDH _el otro órgano del sistema interamericano de derechos humanos al que Caracas desconoce desde 2013_ y revertir la decisión adoptada el año pasado de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque de entrar en vigencia en 2019 dejaría a la población venezolana sin la protección de sus derechos humanos que se derivan de la Carta de la Organización y de la Declaración Americana de Derechos y Libertades del Hombre.
La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, reiteró su solicitud de realizar su primera visita a Venezuela desde ese año y se quejó de que las autoridades no han respondido a numerosas solicitudes formales enviadas desde entonces.
El peruano Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión, dijo en conferencia de prensa que “el centro de la preocupación de la CIDH es el pueblo venezolano, que está sufriendo las graves consecuencias de esta crisis en todos los niveles, con graves afectaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.
El brasileño Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo que espera recibir respuesta en los próximos días a una solicitud extendida a Colombia para visitar la frontera con Venezuela después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara su militarización la semana pasada a raíz de la gran cantidad de venezolanos que salen de su territorio.
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Abrão indicó que la intención es visitar la frontera justo antes o después de las audiencias que la CIDH prevé celebrar en Bogotá entre el 22 de febrero y el 2 de marzo.
El informe registró un panorama dramático en la nación andina, especialmente desde 2017.
Junto al debilitamiento de la institucionalidad democrática causado principalmente por las injerencias de los poderes ejecutivo y judicial sobre el legislativo, la Comisión diagnosticó un patrón de represalias a la disidencia, un uso excesivo de armas de fuego contra manifestantes y severas restricciones al derecho a la libertad de expresión.
El informe condenó la militarización de la seguridad ciudadana ante un aumento importante de la violencia y la criminalidad, y además subrayó un índice de pobreza alarmante y un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos.
El Estado venezolano dijo a la CIDH que rechaza el informe porque presenta una visión “altamente parcializada” y porque “se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial”.
La CIDH es un órgano de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
