A más de seis años de la tragedia de Juan Fernández, en la cual fallecieron 21 personas luego que el avión C-212 Aviocar de la FACh se estrellara e inundara en las cercanías de la isla, los familiares de las víctimas del accidente continúan buscando claridad sobre lo que sucedió en 2011.
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Esperanzas que no se apagan luego que el magistrado Fernando Guzmán acogiera la denuncia interpuesta por el abogado representante de los familiares, Alfredo Morgado, argumentando la competencia del 1º Juzgado de Garantía de Santiago y pidiera la “inhibición” de la justicia militar para continuar la tramitación del caso.
Resolución tomada por Guzmán, luego que en julio del año pasado el juez en visita de la causa, Hernán Crisosto, se declarara incompetente y la Corte Marcial decidiera cesar las investigaciones.
Respecto a esta decisión, el abogado querellante advirtió que “en el supuesto que la Corte Marcial rechace inhibirse, la Corte Suprema va tener que revisar cuál es el tribunal competente”. Sin embargo, Morgado advierte que “lo más probable es que la justicia militar no se inhabilite”.
“En el supuesto de que la Corte Suprema no llegase a acoja la solicitud de inhabilitar a la justicia militar para que siga la justicia ordinaria con las investigaciones, obviamente recurriríamos a la justicia internacional, y presentaríamos el caso ante la Comisión Interamericana de derechos humanos”, agrega el abogado representante de los familiares.
“La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en restringir a la justicia militar en asuntos de esta naturaleza, ya que incluye víctimas civiles”, explicita.
“La Corte Interamericana ya se ha pronunciado en restringir a la justicia militar en asuntos de esta naturaleza, ya que incluye víctimas civiles”, explicita morgado.
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El futuro de la investigación
Ante la duda si es posible que una investigación tratada por la justicia militar pase a la ordinaria, el abogado querellante en el caso SQM y experto en derecho penal, Mauricio Daza, afirma que «los delitos que no se concretan dentro de recintos militares son de competencia de tribunales civiles. Habitualmente ministros o fiscales de estos casos se declaran incompetentes cuando aplica la jurisdicción militar. Sin embargo, es una excepción que la justicia militar vea algún tipo de delito que afecte a civiles».
Esto, producto de las modificaciones legales realizadas en 2010 y 2016 al código castrense, en la cual se restringió la competencia de los tribunales militares en causas que involucren a civiles, como víctimas o imputados. Restricción a la cual apeló el magistrado Guzmán para argumentar la competencia del 1º Juzgado de Garantía de Santiago en la causa.
En tanto, el abogado penalista y ex representante de las familias de los soldados que murieron congelados en la tragedia de Antuco, Raúl Meza, prevé que efectivamente la situación puede extenderse.
«Si la justicia ordinaria estimara plausible entrar a conocer los hechos investigados en el marco de la justicia militar se produciría una contienda de competencia entre la justicia civil y militar y esta controversia debe ser resuelta por la Corte Suprema, la que le correspondería definir a que Tribunal le corresponde seguir investigando los hechos denunciados», argumenta.
