Hace nueve años Chile ratificaba su alianza con la Organización Internacional del Trabajo y ponía en vigencia el Convenio 169, que consiste en consultar a los indígenas sobre decisiones que los afecten. Este acuerdo se usa mayormente para conflictos medioambientales.
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Sin embargo ayer el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, viajó hasta Suiza para exponer ante autoridades de la OIT un giro al tratado: el proceso constituyente chileno.
Los cabildos y encuentros auto convocados que dieron lugar al primer paso para la creación de una nueva constitución son para Barraza una «instancia clave para empezar a saldar la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawashkar y Yagán».
«La subordinación de los pueblos indígenas y las vulneraciones hacia ellos son de larga data y aquí estamos construyendo un camino que permite establecer derechos en equivalencia para los pueblos indígenas respecto del Estado chileno», insistió.
“Realizar una consulta previa específica sobre medidas para un cambio de nivel constitucional, con una multiplicidad de pueblos indígenas participantes, es un acontecimiento inédito”, celebró Silvia Rucks, coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile.
«Puede constituir una fuente de inspiración para otros países», dijo la directora del Programa sobre las condiciones de trabajo y empleo de la OIT de Ginebra, Manuela Tomei.
No todo es tan bueno
A pesar de la consulta, el proceso constituyente está inconcluso y rodeado de incertidumbres. Participaron poco más de 200 mil personas y sólo 17 mil de ellas eran indígenas.
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Para Máximo Quintral, doctor en ciencia política de la Universidad de Chile, esta reivindicación queda anulada. «El nuevo gobierno no va a perseverar porque sería validar al anterior mandato. Además la participación fue muy baja y los cabildos se elitizaron, el grueso de la población estaba desconectada», puntualizó.
«Siempre se ha puesto en discusión el Convenio 169 ya que la mayoría de las veces no se cumple. Por tanto las comunidades han recurrido a tribunales internacionales sobre todo para interceder en temas medioambientales que tengan relación con el territorio», asegura.
«Esto es mucho más profundo y no tiene que ver sólo con el convenio. Se trata de un choque de visiones», indica el especialista, que añade que a pesar de lo que diga el ministro «lo importante es lo que emprende el Estado. Por un lado él habla sobre el respeto, y por el otro existe una clara vulneración de los derechos» añade Quintral.
