Nunca existió, según la Fiscalía Regional de Los Ríos, el software “Tubicación” supuestamente usado para investigar el atentado incendiario a la empresa Sotraser en San José de la Mariquina. Y también son falsos, afirmó la fiscalía, el título de analista programador y el diplomado de seguridad informática que decía tener Álex Guillermo Smith Leay, ex asesor de Carabineros, quien se adjudicó la creación del inexistente programa.
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En la formalización que se realizó ayer en el Juzgado de Garantía de Mariquina, el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, desmenuzó una por una las presuntas falsedades de Smith Leay, ex colaborador civil de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Temuco y creador de otro programa aún más cuestionado, “Antorcha”, usado en la “Operación Huracán” de La Araucanía.
De ahí que la investigación por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en la indagatoria por el atentado que destruyó 29 camiones de Sotraser, pasó a llamarse “Operación Huracán 2”. Junto a Smith Leay, también fue formalizado por la manipulación de evidencia el cabo Manuel Antonio Riquelme Mardones, del Labocar de Temuco.
Según expuso el fiscal regional, en el marco de las indagatorias por el ataque incendiario del 28 de agosto de 2017, el cabo Riquelme realizó un pre informe pericial que fue despachado por el Departamento de Criminalística de Carabineros, en el que dieron cuenta de la existencia de un software que determinó la presencia de teléfonos móviles en el lugar del atentado.
«Los imputados, previamente concertados, simularon contar con un software al que llamaron ‘Tubicación’, el que permitiría establecer los dispositivos móviles que (el día del atentado) se encontraban en el radio de alcance de la señal de un router, pudiendo además informar el número de teléfono de cada dispositivo y su ubicación GPS», indicó Meléndez durante la audiencia.
El peritaje concluía que en el día y hora del atentado, se encontraban posicionados ocho teléfonos celulares lo que, a juicio de la fiscalía, es información falsa que se incorpora “a sabiendas de que orientaba la investigación a una imputación fiscal errónea respecto de los poseedores de estos teléfonos”, según enfatizó el fiscal regional.
“Para dar credibilidad a esta información falsa, los imputados declararon ante el fiscal de San José de la Mariquina, haber creado el software con metodología para desarrollar el informe pericial», indicó Meléndez. Además, para el supuesto funcionamiento del software, se adquirió el dominio web www.tubicacion.cl.
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«Este software no estuvo alojado en el sitio web, y tampoco se encontró almacenado en los computadores de las unidades policiales donde se desempeñaban los imputados, UIOE y Labocar Araucanía, porque este software nunca existió», dijo Meléndez.
Además, agregó el fiscal, el cabo Riquelme, perito ejecutor del pre informe, se trasladó el 10 de enero hasta San José de la Mariquina, simulando haber usado el software en el lugar del atentado, consignando en su peritaje bajo el membrete de Labocar, haber detectado ocho números telefónicos en el horario y día del incendio.
«La falsedad de la información contenida en el peritaje es sustancial, ya que condujo a la fiscalía a realizar actuaciones de investigación que, de no haber existido este informe no se habrían decretado, como: requerimiento de información a las distintas compañías de telefonía móvil para determinar propietarios de los números mencionados en el pre informe, entre otras», recordó Meléndez.
En cuanto a los supuestos títulos de Smith Leay, el fiscal regional indicó al tribunal que se pidieron los antecedentes académicos del imputado. “Declaró tener el título de analista programador de Inacap, además de tener un diplomado en seguridad informática de la Universidad Mayor. Según Inacap, Smith no obtuvo ese título y la Universidad Mayor también lo descartó”, aseveró Meléndez.
Tras la formalización, la jueza Paula Fernández no concedió los arrestos domiciliarios totales que pidió la fiscalía y, en cambio, dejó a los dos imputados sujetos a firma semanal en la Fiscalía de Temuco y arraigo nacional. También dio un plazo de 5 meses para investigar la manipulación de evidencia. Smith y el cabo Riquelme son los primeros formalizados por estos hechos.
