Militares sueltos en Río de Janeiro: Qué significa la medida

La responsabilidad de la seguridad de la ciudad pasa a manos del Ejército hasta finales de 2018.

Por Agencias

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes un decreto presidencial que pone en pie las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro bajo control militar, mientras soldados y agentes se desplegaban para combatir la delincuencia en la ciudad.

El ejército obtuvo el viernes oficialmente el control de la policía de Río de Janeiro, pero el decreto presidencial todavía necesita aprobación legislativa. La cámara baja aprobó la medida antes del martes y el Senado cerró el tema antes de medianoche.

La intervención entrega a los militares la tarea de acabar con la ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por las llamadas "balas perdidas".

Por el momento, no se han anunciado los detalles del plan, generando dudas incluso entre los partidarios de la iniciativa.

La medida, que regirá hasta fines de diciembre, cuando concluya Michel Temer su presidencia, supone que las fuerzas armadas asuman el control total de las operaciones de seguridad y comanden a los distintos cuerpos policiales y el sistema carcelario.

Las fuerzas armadas fueron llamadas desde el fin del régimen militar (1964-85) a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, pero nunca por un periodo tan prolongado.
Esas misiones fueron en muchos casos criticadas por expertos militares, que alegaban que el ejército estaba preparado para hacer la guerra contra un enemigo, pero no para restaurar el orden en áreas urbanas.

Río getty

-Despliegue militar-

Durante la noche, efectivos militares y policías fueron destacados en Río, en la primera operación a gran escala desde el cambio de mando. Fueron apostados en las principales vialidades que conectan con el resto del país en un intento de impedir el contrabando de drogas, armas ilegales y mercancías en la ciudad, el portavoz militar, coronel Roberto Itamar. Unos 3.000 efectivos militares participan en la operación.

Vehículos blindados registraron el martes las calles de un sector en la bahía de Guanabara y lanchas patrullaron las aguas de la zona.

Para el martes por la noche, 11 personas estaban detenidas y se habían confiscado seis pistolas, seis granadas y una gran cantidad de drogas.

La operación estaba planeada desde antes de que el nuevo comandante asumiera el control, aunque éste no tenía más que un plan para atacar la ola de violencia en Río. Sin embargo, Itamar aseguró que la intervención militar no se circunscribirá solo a la presencia de soldados en las calles.

"La población se ve mejor en las acciones de las instituciones que constitucionalmente son las responsables de velar por la seguridad pública en Río de Janeiro", dijo el militar en entrevista con  AP.

La seguridad en Río se ha deteriorado desde hace al menos dos años a la par de la crisis profunda fiscal en el estado. El gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, dijo que una economía más fuerte podría ser crucial para combatir la delincuencia en Río."Solo podremos ganar la guerra de la seguridad con empleos en el sector formal", afirmó Pezao el martes.

rio getty

-"Es una receta para la impunidad"-

Cesar Muñoz, investigador de Human Rights Watch en Brasil, habló en entrevista con NTN24,  sobre posible militarización de Río de Janeiro para frenar la violencia, y dijo que “es una estrategia que no tiene ningún sentido y que viola los derechos humanos”.

Debido a que militarizar Río no es la misión de las fuerzas armadas ellos han puesto una condición, ellos pedido la aprobación de una ley “que impide que si ellos cometen abusos sean juzgados en cortes civiles, que ya fue aprobada”, lo que significa que “no va haber ninguna justicia independiente (…) esto es una receta para la impunidad”, agregó Muñoz.

El investigador puso como ejemplo la situación similar que afronta México, en donde se han denunciado varios casos de abusos de la fuerza pública, y dijo que en consecuencia de esto se “destruye la seguridad pública”, porque no se puede esperar que las personas vayan a colaborar con las autoridades cuando se cometen tantos abusos.

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