Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno chileno y a la fiscalía de abusar en la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche, y a Carabineros, de un uso excesivo de la fuerza, especialmente contra comuneros.
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La Tercera adelantó hoy el capítulo chileno del informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017-2018” de AI, en que se aborda el panorama en materia de DD.HH. en 159 países y territorios.
El texto, de casi 500 páginas, al igual que en su última versión, denuncia un “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra comuneros mapuches”.
Cita casos como el del joven de 17 años Brandon Hernández, quien recibió más de cien perdigonazos en la espalda en 2016 por parte de un carabinero, y la reapertura por parte de la Corte Suprema del caso de Álex Lemún, “muerto por disparos de un agente de policía en Ercilla” en 2002.
En el apartado “Derechos de los pueblos indígenas”, el informe aborda el uso de la Ley Antiterrorista, cuya aplicación ha sido objeto de debate en las últimas semanas por la “Operación Huracán”.
“El Ministerio Público y el gobierno han seguido abusando de la Ley Antiterrorista para procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías procesales”, señala el informe de Amnistía Internacional.
También menciona que “en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró (en el caso Norín Catrimán y otros) que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuches violaban la Convención Americana sobre DD.HH.”.
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El texto, destaca La Tercera, aborda la Operación Huracán, aunque hasta diciembre del año pasado, cuando se cerró el informe, detallando que a los detenidos se los acusó “de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios. Nadie resultó herido en esos incidentes”.
Luego, agrega que los acusados “estuvieron detenidos en espera del juicio hasta octubre, cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva”.
Entre otros casos citados está también el de los 11 mapuches acusados de “terrorismo” en el marco del incendio que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013, incluyendo a la machi Francisca Linconao.
“Las 11 personas acusadas habían estado detenidas en espera del juicio o bajo arresto domiciliario durante 18 meses. Tras la apelación del Ministerio Público en diciembre, el juicio y la absolución se declararon nulos. Está previsto que el juicio se repita en 2018”, dice el escrito.
En el marco de los “Derechos sexuales y reproductivos”, el capítulo chileno alude al proyecto de despenalización del aborto en tres causales que entró en vigor en septiembre del año pasado, haciendo hincapié en la objeción de conciencia para el personal médico y las instituciones que “optaran por no realizar abortos incluso en esas circunstancias”.
En el apartado sobre derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), el organismo internacional hace alusión al envío por parte del gobierno del proyecto de matrimonio homosexual con derecho a adopción y la aprobación en el Senado del proyecto de identidad de género, que establece el reconocimiento legal de la identidad de género para mayores de edad.
En materia de “impunidad”, Amnistía señala que las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar siguen exigiendo justicia, verdad y reparación.
En ese sentido, menciona que “aunque los tribunales han conocido de cientos de casos, la mayoría de los condenados no cumplen penas de prisión y muchas víctimas carecen aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación”.
