A ojos de los administradores de la empresa Meltur, realizarle un test de drogas al conductor Leonel Quiroga (39) no era obligatorio. El chofer, que estuvo a cargo de conducir un bus con destino a Paraguay, terminó volcándose en una curva el sector de Las Cuevas en Mendoza, Argentina. Su maniobra dejó como saldo a tres niños fallecidos de 10, 13 y 16 años, además de una treintena de heridos.
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Fue durante la jornada de este viernes que se reveló que la persona que iba a cargo del volante había consumido marihuana y cocaína antes de iniciar el viaje, según indicó La Nación de Argentina.
Vulneración de derechos
Para Alicia Meléndez, la dueña de la compañía Meltur, el hecho de no practicarle un examen de drogas o de alcohol al conductor no aplicaba pues podía involucrar la violación a otros derechos.
«En ninguna parte a nosotros se nos establece que tenemos que hacerle test -tanto de alcohol o de drogas- a la gente que trabaja con nosotros porque eso implica automáticamente que le estamos vulnerando su privacidad», sostuvo Meléndez.
Agregó que «el chofer había estado cinco días libre y nosotros no sabemos que hizo en esos cinco días. Con el alcohol uno se da cuenta y él iba en buenas condiciones cuando iba a realizar el servicio».
Fundación Emilia reclama
Para la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, lo informado por Meltur está en lo correcto. En ese sentido precisó que desde 2012 está en carpeta del Ministerio de Transportes la aplicación de un narcotest para evitar que los conductores consuman estupefacientes. No obstante, en octubre del año pasado, cuando consultaron sobre el estado del proyecto, notaron que este se encontraba detenido por falta de financiamiento.
«En cuanto al proyecto Narcotest, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional, la cual realizó el análisis de antecedentes técnicos y normativos. Se puede indicar que el proyecto se encuentra sin avance ya que requiere importante inversión para su implementación de parte de Transportes como del Servicio Médico Legal”, indica el documento que recibieron como respuesta ante las consultas de actualización del proyecto.
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Por lo mismo, para Figueroa, no es posible que la legislación actual se aplique correctamente. «La Ley Emilia impone las mismas penas para quienes conducen en estado de ebriedad como para quienes conducen bajo el efecto de las drogas y si no hay instrumentos para medir el consumo de drogas se está incumpliendo con esta normativa», dijo la vocera en entrevista con CNN Chile.
Arriesga 25 años
A la luz de los nuevos antecedentes revelados, ya se analiza el futuro que le espera al conductor una vez que se inicie el juicio en su contra en Argentina. Ello pues fue el delito por el cual fue formalizado, homicidio simple con dolo eventual, podría recibir una pena mucho más fuerte considerando esta nueva agravante.
De hecho, ya son varios especialistas que afirman que Quiroga arriesga al menos 25 años de cárcel, tesis que se sustenta al considerar el pronunciamiento de la Justicia trasandina en el caso de Francisco Sanhueza, también conductor chileno que recibió 20 años luego de chocar el bus que manejaba, dejando a 19 personas fallecidas.
