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Cristina Fernández a juicio por supuesto encubrimiento en el caso Amia

La ex presidenta argentina será juzgada por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994

El juez federal Claudio Bonadío dispuso ayer la elevación a juicio oral de la causa en la que la ex presidenta de Argentina y actual senadora opositora, Cristina Fernández, así como otros 11 ex funcionarios y allegados a su gobierno están acusados de supuesto encubrimiento agravado y abuso de autoridad por el atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, indicó el Centro de Información Judicial.

La fecha del enjuiciamiento de los procesados por parte de un tribunal federal no ha sido determinada aún.

Fernández, de 65 años, el ex canciller Héctor Timerman y los otros procesados niegan haber formado parte de un plan para dotar de impunidad a los ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza.

El juez sospecha que la protección a los acusados del ataque que causó 85 muertos se ideó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán a principios de 2013.

La ex mandataria había manifestado días atrás su deseo de ir a juicio oral de forma inmediata en un escrito en el que le manifestó a Bonadío que en esa instancia se demostrará la “arbitrariedad de su acusación”.

Según el juez, la etapa de instrucción de la causa ha concluido y existen “presupuestos” sobre la presunta responsabilidad de los acusados que ameritan la realización de un juicio. Cuatro de los acusados están detenidos y el magistrado solicitó en diciembre al Congreso el desafuero de Fernández para arrestarla, lo cual no ha avanzado en instancias legislativas.

La inmunidad parlamentaria sólo protege a Fernández del arresto. Por el delito de encubrimiento, el más grave del que se acusa a los imputados, está contemplada una pena máxima de seis años de prisión.

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