El fiscal regional de Concepción, Julio Contardo, comunicó ayer al 4° Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación contra el senador Jaime Orpis y otros siete imputados en el caso Corpesca.
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Según publica hoy El Mercurio, un escrito ingresado al tribunal señala que «habiéndose practicado todas las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos punibles (…) se ha declarado el cierre de la presente investigación».
Contardo explicó a El Mercurio que «quedaban un par de diligencias pendientes -informes periciales que estaban solicitados por el Ministerio Público- que ya se concretaron y, con eso, estimamos que la investigación está agotada».
Si el tribunal visa el cierre de la causa, el fiscal tendrá 10 días para acusar a los ocho imputados cuya situación está pendiente, incluido el senador Jaime Orpis y la empresa Corpesca.
El parlamentario fue formalizado en 2016 -y reformalizado en 2017- por delitos tributarios, cohecho y fraude al fisco, luego de imputársele haber recibido pagos por alrededor de $240 millones de la pesquera entre marzo de 2009 y abril de 2013, previa facilitación de boletas falsas.
A cambio -según el Ministerio Público- realizó acciones propias de su cargo como senador en favor de la empresa. También se le formularon cargos por el presunto abultamiento de boletas de sus asesores con cargo a asignaciones parlamentarias (aproximadamente $48 millones).
Orpis es el único imputado en la causa que no cumple con las condiciones para acceder a un procedimiento abreviado.
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El fiscal Contardo declaró al diario que ello se debe «fundamentalmente a la pena, el requisito de tope de penalidad son los cinco años. De presidio mayor en grado mínimo hacia arriba, es decir, de cinco años y un día hacia arriba, las personas no pueden acceder a un procedimiento abreviado».
Por su parte, el abogado Sergio Rodríguez, defensor de Orpis, señaló que «el senador va a ser el único político que va a ser sujeto a un juicio oral; lo que el Ministerio Público busca es que alguien pague todas las culpas del sistema (…) lamentablemente aquí la decisión fue de política criminal».
Además, el defensor anunció que en los próximos días solicitará la reapertura del caso, argumentando falta de diligencias.
Los restantes imputados, destaca El Mercurio, aún pueden acceder a un procedimiento abreviado. Ellos son la ex diputada Marta Isasi, la propia pesquera, el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica, los emisores de boletas Lorena Lara, Carolina Gazitúa, Fernando Lobos y el asesor de Isasi, Giorgio Carrillo.
«Depende de su voluntad», afirmó el fiscal, pues deben renunciar a un juicio oral para ello.
