Luego de años de lucha de grupos políticos y sociales, la legalización del aborto en Argentina pareciera no afrontar tantos obstáculos para convertirse en realidad.
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Así lo sienten los 71 diputados de distintos partidos que el martes presentaron el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una iniciativa que en otras seis ocasiones no prosperó en el Congreso argentino y que esta vez logra su mayor adhesión. En los últimos años se frustró en varias ocasiones el debate en instancias previas a su llegada al pleno del recinto por falta de un apoyo mayoritario.
En las inmediaciones del Congreso, cientos de manifestantes portaban pancartas en las que sostenían que la religión no debe condicionar el debate.
Las voces a favor y en contra del aborto libre y gratuito atraviesan transversalmente todo el arco político. Dentro del oficialismo, altos funcionarios han manifestado su oposición y otros han expresado públicamente su apoyo pese a la aún fuerte influencia que ejerce la Iglesia católica.
Según un informe de 2016 del Ministerio de Salud, en Argentina se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año, “cifras estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos”.
La Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostiene a su vez que 49.000 mujeres son hospitalizadas al año por complicaciones relacionadas con prácticas abortivas inseguras y las más afectadas son las de origen humilde.
- Estas son las claves del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y publicado por el sitio Cosecharoja.org
- En su primer artículo, el proyecto establece que “en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional”.
- Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica del aborto en los establecimientos del servicio de salud “en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento”.
- Los tres casos en los que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo:a) Si este fuere producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente
b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer
c) Si existieren malformaciones fetales graves.
- El proyecto obliga a todos los efectores del servicio público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga a la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo.
- La interrupción legal del embarazo se podrá efectuar sin ninguna autorización judicial previa.
- Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse a una persona adolescente, entre los 13 y los 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento informado”. En el caso de niñas menores de 13 años, será necesario “su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”.
