El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que el miércoles que su país se retiró a la ratificación del tratado global que creó la Corte Penal Internacional. El tribunal estudia la investigación del mandatario por la muerte de millas de sospechosos en su campaña antidroga.
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Sus críticos respondieron con consternación a la noticia, acusaron a Duterte de intentar rehuir su responsabilidad y expresar su temor a que fomentan aún más el alcalde de la situación de los derechos humanos en el país. Algunos describieron el anuncio como un desliz de política exterior que podría animar a China a menospreciar la victoria de Manila en un caso de arbitraje internacional contra Beijing sobre unos territorios en disputa.
Una fiscal del CPI anunció el mes pasado la apertura de una investigación preliminar sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales derivadas de la campaña antidroga de Duterte, lo que indignó al presidente.
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El mandatario afirmó que la corte no tiene jurisdicción sobre él. El Estatuto de Roma que estableció el tribunal para perseguir actos de líderes, afirmó, no se puede aplicar en Filipinas porque no se publicó como requiere la ley después de que los senadores filipinos lo ratificaron en 2011. Tachó la falta de ratificación pública de «error flagrante y fatal «.
Miles de sospechosos de traficar o consumir drogas, la mayoría pobres, han muerto en la campaña antidroga de Duterte, aunque ha declarado que las muertes no suponen crímenes contra la humanidad ni genocidio.
«La llamada guerra contra la droga se dirige de forma legal contra los hechos y traficantes que durante muchos años destruyó esta generación, especialmente a los jóvenes», dijo Duterte en un comunicado de 15 páginas explicando su argumento legal.
«Las muertes ocurrieron en el proceso de una operación policial legítima que no tenía intención de matar», añadió el presidente. «La autodefensa ejerció por los agentes de policía cuando su vida se vio amenazada por la violenta resistencia de los sospechosos es una circunstancia eximida según nuestro derecho penal, de modo que no se puede exigir responsabilidades penales».
Duterte también invocó la inmunidad presidencial ante demandas, que según que implicó la CPI le investigue mientras está en el cargo. El presidente renovó sus ataques verbales contra los derechos humanos de Naciones Unidas, que se han activado para detectar asesinatos masivos.
El mandatario acusado a la espera de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, de estilo sin pruebas «como un violador inmisericorde de los derechos humanos». Responsable de ejecuciones extrajudiciales. También criticó a la fiscal del CPI Fatou Bensouda, que anunció el mes pasado la apertura de una pesquisa preliminar.
El responsable de los derechos humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad al-Hussein, sugirió que Duterte «debe someterse a una clase de evaluación psiquiátrica», por sus «inaceptables» comentarios sobre importantes defensores de los derechos humanos.
Zeid afirmó que el Consejo de Derechos Humanos, que tiene a Filipinas entre sus 47 países miembros, «debe asumir una posición firme» sobre la cuestión e insistir en que «estos ataques no pueden quedar sin respuesta».
Duterte ha reconocido que su estilo es brusco y su actitud contra el crimen es dura, pero sugirió que muchos filipinos lo han aceptado.
También ha arremetido en contra de los derechos, afirmando que deben «irse al infierno» por imponer condiciones sobre la ayuda financiera.
El representante opositor Carlos Isagani Zarate describió la decisión de tomar el país del Estatuto de Roma como un retroceso irreversible para los derechos humanos y la responsabilidad jurídica.
La medida, afirmó Zárate, «pretende rehuir la responsabilidad legal de los recursos actuales e incluso futuros por delitos cometidos contra el pueblo y contra la humanidad».
Otro legislador opositor, Tom Villarin, dijo que la decisión de Duterte «tiene repercusiones sin precedentes sobre nuestra posición internacional como estado soberano».
Villarin dijo que también tenía una relación con China, que se había negado a cumplir el fallo de un arbitraje internacional que invalidó sus amplias reclamaciones territoriales en el Mar de la China Meridional de acuerdo con un tratado de la ONU de 1982. Filipinas solicitó el arbitraje y ganó en la mayor parte de sus alegaciones.