Con un oficio del fiscal nacional Jorge Abbott, enviado a todas las dependencias del Ministerio Público del país, ayer entró en vigencia el nuevo Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios, que califica como conducta “grave” el acoso sexual.
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La directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, explicó que el reglamento plantea un mecanismo inédito en la administración pública al establecer un amplio catálogo de derechos para los investigados, calificar como una conducta de carácter «grave» al acoso sexual y establecer medidas de protección inmediatas para las víctimas de acoso sexual y laboral.
Enfatizó que el nuevo reglamento establece explícitamente que, en el caso de comprobarse el acoso sexual durante la investigación administrativa, podría ser sancionado con la remoción.
«Además se le entregan a la víctima medidas de protección inmediata, y la posibilidad de solicitar diligencias dentro de la investigación, y conocer los antecedentes de la investigación durante todo su curso. Esto ofrece un piso mínimo para dar la confianza necesaria a la hora de hacer la denuncia», añadió Werth.
Otro de los importantes cambios de la normativa es que se crea un catálogo de derechos de los investigados quienes, entre otros aspectos, tendrán la garantía de ser notificados al inicio de la investigación, solicitar diligencias, acompañar medios de prueba destinados a desvirtuar las imputaciones, incluso antes de la formulación de cargos, y un plazo mayor para presentar descargos.
«El reglamento plantea cambios trascendentales para la fiscalía. Se construyó entre las asociaciones de fiscales, funcionarios y Fiscalía Nacional, por lo tanto, todo lo que está plasmado en él corresponde a acuerdos a los que se llegaron. Se ha establecido un mecanismo transparente desde el que se va a enfrentar la investigación», concluyó.
