La piedra de tope de Piñera para alcanzar el 90% de gratuidad para técnicos profesionales

Desde el martes pasado se discute en el Tribunal Constitucional la Ley de Educación Superior, la que incluye un artículo que podría poner en riesgo la promesa de campaña del Presidente Sebastián Piñera.

Por Javiera Ortiz

Hasta el campus San Joaquín del Duoc UC llegó ayer el nuevo ministro de Educación, Gerardo Varela, para dar inicio al año académico del centro de estudios. Hecho que da cuenta de la relevancia que tendrá esta área para la segunda administración Piñera y que recuerda la promesa de campaña sobre lograr un 90% de gratuidad para la educación técnico profesional.

Sin embargo, la Ley de Educación Superior- que contempla la gratuidad- establece ciertos criterios que las casas de estudios deben cumplir para acceder a este beneficio. Uno de ellos es la acreditación y actualmente sólo 13 de las 91 instituciones de educación técnico profesional la poseen. Cifras que dan cuenta del primer revés que sufriría el actual gobierno al querer implementar esta promesa.

Consultado por este hecho, el ministro de la cartera afirmó que "se va a conciliar la promesa del programa y mientras tanto hay que cumplir la ley". Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) continuará revisando mañana el proyecto de Ley de Educación Superior, donde se discute si efectivamente se incluirá a las instituciones cuyos controladores lucren.

El polémico artículo que pone en aprieto el 90% de gratuidad

Una de las dudas que se generan si efectivamente la cobertura de gratuidad se logrará se debe al requisito de las instituciones que tienen fines de lucro. Uno de los artículos más polémicos del proyecto de ley – y que podría derrumbar la promesa de campaña- que se está discutiendo en el TC es el Artículo 63.

Este prohíbe que las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro tengan controladores con fines de lucro, como actualmente sucede con las instituciones del grupo Laureate (que reconoce el fin de lucro), de quienes depende la Universidad Andrés Bello, de las Américas y el Instituto Profesional AIEP.

Este mismo artículo tiene un efecto retroactivo donde se exige que las instituciones de educación superior reestructuren su organización y se les concede un plazo de dos años contado desde la publicación de la ley afectando a los derechos adquiridos.

Situación de la cual está al tanto el actual gobierno, pero del que mira sin cuidado. "El avance de la gratuidad en educación universitaria está determinada por ley, en cambio la técnico profesional no" respondió Varela al ser consultado.

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