La Fiscalía de Perú solicitó arraigo nacional para el ahora ex presidente de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el jueves tras la difusión de unos videos que evidenciaban la presunta compra de votos del Congreso para evitar su destitución.
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De acuerdo a medios peruanos, el equipo especial anticorrupción de la Fiscalía realizó la petición ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, organismo encargado de procesar los casos de corrupción relacionados con el escándalo Lava Jato en el Perú.
Durante meses, mientras tres de sus predecesores eran investigados e incluso encarcelados por aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Kuczynski negó rotundamente tener vínculos con la empresa, la cual está en el centro del mayor escándalo de corrupción de América Latina.
Entonces, el partido de Keiko Fujimori presentó documentos bancarios confidenciales de Odebrecht que mostraban 780 mil dólares en pagos a la consultora del ex presidente.
PPK dijo que no tenía conocimiento de los pagos, que en algunos casos coincidían con sus años como ministro, y que, en cualquier caso, había pagado impuestos sobre todas sus ganancias.
Negociaciones
Para salvar su pellejo, PPK comenzó a negociar a puerta cerrada. Un grupo de legisladores encabezados por Kenji Fujimori desafió en diciembre el liderazgo de su hermana en el partido Fuerza Popular y bloqueó sorpresivamente un primer pedido destitución presidencial.
Días después Kuczynski indultó a Alberto Fujimori sentenciado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos cometidos durante su gobierno (1990-2000).
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Al final, esa alianza provocó su caída. Fuerza Popular reveló esta semana que filmó en secreto videos de Kenji Fujimori y otros aliados presidenciales que supuestamente trataban de comprar el apoyo de un legislador de la oposición con promesas de contratos públicos de infraestructura.
Kuczynski negó cualquier intento de soborno, pero el daño ya estaba hecho en un país donde los habitantes han quedado marcados por los videos del antiguo jefe de espionaje de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien repartía grandes cantidades de dinero a políticos, militares y dueños de los medios de comunicación.
La semana pasada la situación del mandatario se agravó cuando un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que reporta operaciones sospechosas, indicó que entre 2004 y 2017 PPK había recibido 3,4 millones de dólares de dos consultoras que a su vez habían recibido dinero de Odebrecht.