Fiscalía revela que Kast fue amenazado de muerte al ser agredido en Iquique

Las agresiones se mantuvieron afuera del recinto estudiantil, donde la víctima recibió golpes de pies y puños, resultando policontuso, con lesiones en un tobillo y una mano, siendo calificadas como “graves” las lesiones en el hospital al que acudió tras la agresión.

Por Aton Chile

El fiscal a cargo de la investigación por la agresión sufrida ayer en la Universidad Arturo Prat de Iquique contra José Antonio Kast reveló que éste recibió amenazas de muerte.

Ello en la audiencia de control de detención en la que se formalizó con medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y testigos al alumno de antropología Juan Francisco Ramírez Ramírez, de 40 años de edad, imputado por las lesiones graves y amenazas en contra del ex diputado.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Juan Valdés en la audiencia de control de detención,
el imputado, junto a otras personas que no han podido ser identificadas, amenazaron con matar a la víctima, a quien denominaron como “nazi y fascista”.

Según el relato del fiscal, los hechos ocurrieron en dependencia de la Universidad Arturo Prat, donde la víctima fue abordada por un grupo de personas, entre las cuales estaba el imputado, quienes le insultaron, amenazaron y agredieron por diferencias ideológicas.

Incluso estas agresiones se mantuvieron afuera del recinto estudiantil, donde la víctima recibió golpes de pies y puños, resultando policontuso, con lesiones en un tobillo y una mano, siendo calificadas como “graves” las lesiones en el hospital al que acudió tras la agresión.

La Fiscalía dio cuenta de los testimonios del ex diputado y de varios testigos que lo acompañaban, quienes reconocieron al imputado como unas de las personas que los amenazó y agredió, además de las imágenes de una cámara de seguridad municipal que ubica a Ramírez en el lugar de los hechos.

Junto a los abogados querellantes de la Intendencia Regional y de la propia víctima, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, dado el carácter de los delitos, la existencia de la circunstancia agravante de cometer el delito por diferencias ideológicas, y que éste se haya ejecutado en grupo o pandilla.

Sin embargo, la magistrado Verónica Opazo no acogió la petición, por estimar que la privación de libertad era desmedida ante delitos que no tienen asignadas penas de crimen, que el imputado tiene irreprochable conducta anterior y que en caso de ser condenado, puede optar a cumplir con una pena sustitutiva.

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