Por si los jueces no lo sabían, el abogado inglés Samuel Wordsworth, encargado de defender a Chile este viernes durante los alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya decidió sacar al baile a un agente que hasta el momento había permanecido más o menos oculto: Perú.
PUBLICIDAD
Todo partió cuando comenzó a hablar sobre el «Abrazo de Charaña» de 1975, mediante el cual Augusto Pinochet y Hugo Banzer -dictadores de Chile y Bolivia respectivamente- intentaron llegar a un acuerdo donde canjeaban «mar por tierra».
Rol de Perú
Tal como indica la historia, pese a que ambos militares estuvieron analizando un acuerdo y estuvieron a punto de llegar a un resultado, que consideraba entregarle un corredor por Arica a Bolivia, a cambio de la entrega de un territorio de iguales proporciones en suelo boliviano.
Pero el el Tratado de Paz de 1929 entre Chile y Perú obligaba a preguntarle a ese país su opinión. Fue en esa oportunidad en que el gobierno incaico decidió obstruir la salida de Bolivia al mar. ¿Por qué? Exigían que a ellos también les dieran parte de Arica, ciudad que perdieron en la Guerra del Pacífico.
El abogado Wordsworth no quiso callarse esta situación e informó a los jueces de la CIJ que Perú se opuso al acuerdo. Es más, aseguró que el Gobierno de Chile hizo reales «esfuerzos» para que Perú aceptara las negociaciones de Charaña, con el objetivo que «Bolivia tenga un acceso soberano al mar».
Con ello quería demostrar que hubo voluntad de Chile. No obstante, aclaró que todo falló a causa de la negativa de Perú y, de forma posterior, porque Bolivia comenzó a cambiar las condiciones del acuerdo sin tener intenciones reales de entregar un terreno proporcional a nuestro país por el corredor que iba a recibir.
Era ilegítimo
La tarea de Wordsworth era intentar demostrar que Chile lo dio todo pero que Bolivia finalmente no quiso aceptar el trato. Por lo mismo, destacó que fue ese país andino el que rompió relaciones diplomáticas, las cuales se mantienen quebradas desde 1978.
PUBLICIDAD
Tras esto, recalcó que «Bolivia jamás intentó volver a las negociaciones en base al intercambio territorial ni en base a los acuerdos de la declaración conjunta».
Siguiendo ese hilo argumental, indicó que volver a plantear algo parecido sería muy complejo. «Hubiera sido una imprudencia jurídica extrema, incluso para una dictadura militar, asumir obligaciones legales sin aprobación del pueblo», señaló el abogado.
Por eso puntualizó que una medida como esa sólo fue posible en una parte única de la historia, que era cuando dos dictadores estaban al mando de ambos países. Ese escenario, al menos, está lejos de volver a producirse.
