El ministro de Salud, Emilio Santelices, declaró que “no ha existido, ni existe, ni existirá la voluntad de cambiar ni la ley, ni el reglamento sobre el cual ya se ha pronunciado el Parlamento”, al explicar el cambio realizado al protocolo para la manifestación de objeción de conciencia ante la interrupción del embarazo en tres causales.
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La autoridad explicó que la modificación se refiere a un tema más bien interno y aseguró que ninguna mujer que requiera este tipo de atención verá perjudicada esa opción.
Además, descartó que la decisión obedeciera a presiones de las clínicas y agregó que se tomó en base a análisis propios del ministerio sobre el impacto que tendría para muchas mujeres el no introducir este cambio.
“No era posible generar un escenario de incertidumbre para las familias chilenas y, particularmente, para las mujeres por la indefinición y falta de coraje de parte de la autoridad y eso, este ministro no está disponible para hacerlo y prefiere recibir las observaciones poco informadas de muchos, pero dar la cara y explicarle a la población que la inspiración, y la que siempre va a regir en este ministerio, será de salvaguardar la vida de todos aquellos que la vean en riesgo”.
El Secretario de Estado también manifestó su preocupación ante distintas opiniones que, a su juicio, han expresado una idea equívoca sobre el cambio en el protocolo.
“Quiero ser muy enfático y dejarle claro a todas las mujeres de Chile que, más aún nosotros, estamos ocupados en poder implementar de la manera más rigurosa y estricta posible, el reglamento de esta ley a objeto que ellas, cuando se vean afectadas y con esta necesidad de hacer uso de estos servicios, lo puedan hacer en las mejores condiciones clínicas, sanitarias y humanas”, aseguró el ministro.
Santelices señaló que esta decisión no fue tomada en base a una aproximación valórica del tema, sino que se trata de hacer valer una necesidad imperiosa de aquellas mujeres que tienen que recurrir a la atención en el sistema privado para resolver temas de salud obstétrica cuando no hay capacidad en el sistema público para atenderlas.
“Año a año, entre 600 y 700 mujeres tienen que ser trasladadas al sistema privado a unidades de neonatología, para poder resolver problemas críticos que son de vida o muerte, tanto para ellas como para los recién nacidos. De no realizarse estos traslados, dado que nuestro sistema carece de 900 camas de neonatología, estas mujeres y sus hijos podrían fallecer”.
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La modificación del protocolo permite que recintos de salud privados puedan ser objetores de conciencia, manteniendo los convenios suscritos con el Ministerio de Salud, que están relacionados con prestaciones de ginecología y obstetricia. Actualmente, las causales de traslado de pacientes son síntoma de parto prematuro, ruptura de membrana y parto con preeclampsia.
“La voluntad que ha tenido este ministerio para actuar con celeridad es, por una parte, resguardar la ley de aborto en tres causales. Pero en segundo lugar, hacerse cargo de un mandato sanitario. Nosotros no dejamos, ni dejaremos a ninguna mujer de nuestro país en una condición de amenaza de vida de ella o de su feto, sin el debido cuidado, y en ello no cambiaremos ni un ápice porque aquí estamos en presencia de un derecho natural y un derecho humano con estas mujeres vulnerables con las cuales, si no contamos con este tipo de acuerdos, ellas podrían fallecer y también sus recién nacidos”, afirmó el ministro.
