A propósito del cambio del decreto en la Ley de Aborto realizada por el Ministerio de Salud, en la que se elimina la objeción de conciencia a los centros médicos adscritos al Sistema Nacional de Salud y la evaluación de dicha medida por parte del Minsal, autoridades y sociedad civil ha salido al debate.
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La diputada Cristina Girardi (PPD) calificó ayer el decreto como una trampa. “Desde un principio defendimos que la objeción de conciencia fuera individual, no institucional, ya que el ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia, puede reflexionar. La objeción de conciencia institucional es una trampa porque da pie para que personas que piensan de distinta manera no puedan trabajar en clínicas objetoras que pertenezcan, por ejemplo, al Opus Dei”.
Esto, luego que el ministro de Salud, Emilio Santelices, fuera enfático en manifestar que en el ministerio están «ocupados en poder implementar de la manera más rigurosa y estricta posible, el reglamento de esta ley a objeto que ellas, cuando se vean afectadas y con esta necesidad de hacer uso de estos servicios, lo puedan hacer en las mejores condiciones clínicas, sanitarias y humanas«. La autoridad explicó que la modificación se refiere a un tema más bien interno y aseguró que ninguna mujer que requiera este tipo de atención verá perjudicada esa opción.
Sin embargo, este último punto no es respaldado por expertas en la materia. Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, sostiene que los cambios son «un retroceso, pues para apelar a la objeción de conciencia institucional hoy día no se requieren de fundamentos como antes se solicitaban». «Las clínicas privadas son las que se están amparando bajo la objeción de conciencia, pero también centros privados que reciben recursos estatales y eso si que no debería suceder», advierte.
En tanto, la ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, Gloria Maira, afirma que «el cambio en el protocolo viola los derechos de las mujeres en varias dimensiones. Por un lado, las mujeres que se atiendan en salud privada- Isapre- tendrán dificultades para acceder a aborto en tres causales si las clínica donde se atiende se declara como objetora de conciencia, más aún si se tiene un plan cerrado».
Además, la ex subsecretaria afirma que de manera indirecta afecta a todas las mujeres. «Las instituciones que tienen convenios con el Ministerio de salud van a seguir recibiendo fondos públicos, a pesar de que no entreguen todas las prestaciones a las que tenemos derecho. Recursos que deberían ir para esos centros que cumplan con la normativa», sostiene.
