Luego de dos semanas de discusión, esta mañana el pleno del Tribunal Constitucional finalmente consideró como inconstitucional el Artículo 63 de la Ley de Educación Superior, con lo que se cae la norma que prohíbe a las universidades incluir entre sus sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro.
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Con 6 votos contra 4, el organismo declaró como inconstitucional la iniciativa, ya que el artículo transgrediría el derecho de la libertad de enseñanza y organización establecido en la Constitución.
En lo específico, dicho articulado establecía que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de estas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley”.
Al respecto, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Bóric, expresa que «El Tribunal Constitucional le dispara a la democracia que dice defender. Al eliminar prohibición efectiva de lucro en educación borra de un plumazo debate social y legislativo de años. Irresponsabilidad política en institución cuoteada binominalmente».
Mientras que el presidente de la Fech y vocero de la Confech afirma que «El TC decidió ponerse del lado de quienes hacen negocios con el futuro de Chile y su gente. Por otro lado, el ministro le baja el perfil sabiendo perfectamente que esto afecta la calidad de la educación que reciben las familias«.
En tanto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que “como Ministerio tenemos total respeto por la institucionalidad vigente” y resaltó que “la ley prohíbe tajantemente la posibilidad de lucro en las universidades y el fallo que se ha dado a conocer no altera en nada esa situación”.
Además, el subsecretario destacó que “la Ley de Educación Superior prohíbe el lucro y no hay dos interpretaciones al respecto. Cualquier universidad que busque lucrar con la educación será sancionada”.
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La ruta hacia el Tribunal Constitucional: la UDI y Eva von Baer
En octubre del año pasado y tras la votación realizada en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto sobre las glosas de la Ley de Educación Superior, tal como consignó La Tercera, la senadora de la UDI Ena von Baer afirmó que llevaría la ley ante el tribunal.
“Nosotros no votamos en contra de la gratuidad, lo que queremos es que no sea discriminatoria. Y la gratuidad es discriminatoria porque jóvenes de familias igualmente vulnerables no reciben el beneficio simplemente porque van a una institución que no cumple con ciertos requisitos que el gobierno establece para algunas y no para los planteles del Estado”, explicó entonces la senadora.
En el proyecto original la glosa 03, que establecía la gratuidad para los estudiantes de CFT e IP, exigía a las instituciones privadas ser personas jurídicas sin fines de lucro, lo que para ojos de la parlamentaria era «un requisito no relacionado con calidad ni vulnerabilidad”.
Glosa y requisitos que justamente tiene directamente relación con el Artículo 63, el que establecía que las instituciones no pueden tener sostenedores con fines de lucro. Con ello, el requisito de no tener fines de lucro por parte de las universidades que quieran optar a la gratuidad se deshecha.
90% gratuidad establecimientos técnico profesionales
Por otro lado, la decisión tomada por el TC también va en la línea de la promesa de campaña del Presidente Sebastián Piñera. Con ello, el mandatario por ley puede ampliar la gratuidad a los CFT e IP, los que en su mayoría dependen de sostenedores con fines de lucro y cuya extensión era imposible con la existencia del polémico Artículo 63.
